La violencia ejercida en los hogares nayaritas genera secuelas psicológicas profundas que exigen una intervención institucional inmediata. Durante las jornadas comunitarias en la capital del estado, las madres de familia solicitan prioritariamente atención de salud mental para sus hijos, quienes presentan dificultades de aprendizaje, aislamiento social o indicios de acoso escolar.
El seguimiento puntual de cada caso garantiza un proceso favorable para las víctimas, explicó Margarita Morán Flores, titular del Instituto para la Mujer Nayarita. La dependencia estatal asume la responsabilidad de acompañar a las mujeres afectadas hasta la conclusión de sus trámites, ofreciendo diagnósticos oportunos para prevenir cuadros de depresión, adicciones o conductas suicidas en la población infantil y adolescente.
Las agresiones verbales y la descalificación sistemática provocan daños emocionales que superan la gravedad de las lesiones físicas. Este tipo de maltrato anula la autoestima de las víctimas al grado de inducir pensamientos letales, situación que se agrava frente a la negativa de numerosos padres de familia para cumplir con el pago de pensiones alimenticias, detalló la funcionaria.
La ruptura del ciclo de agresiones requiere obligatoriamente una red de contención familiar o gubernamental. Las autoridades canalizan a las personas vulnerables hacia refugios seguros, como ocurrió recientemente con el ingreso de una madre y sus tres hijos, a quienes se les brindan herramientas para superar traumas derivados de explotación y abusos severos.
El gobierno estatal articula esfuerzos entre diversas dependencias para garantizar la autonomía económica de este sector poblacional. Mediante capacitaciones, asesoría legal para divorcios y programas productivos ordenados por el gobernador Miguel Ángel Navarro, las ciudadanas adquieren los recursos necesarios para independizarse y enfrentar la reincorporación social con total seguridad.
