La Fiscalía General de Nayarit mantiene abierta una carpeta de investigación por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI), luego del aseguramiento de más de 3 millones 300 mil pesos en efectivo. El recurso fue localizado tras la ejecución de un cateo en una funeraria ubicada en el municipio de Ixtlán del Río. Debido a la naturaleza y cuantía del monto, la carga de la prueba recae ahora en los propietarios del inmueble, quienes deberán documentar el origen lícito del dinero ante el Ministerio Público.
Los imputados, un matrimonio propietario de la negociación, enfrentan el proceso en libertad bajo los términos del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Elvia Ludmila Heredia Verdugo, fiscal general del estado, precisó que esta determinación se tomó debido a que el delito no ameritaba prisión preventiva de oficio. No obstante, el abogado defensor mantiene comunicación constante con los fiscales para presentar los datos de prueba que justifiquen la posesión de tal cantidad de efectivo.
El caso presenta una complejidad técnica debido a que el monto asegurado excede los topes permitidos por la legislación vigente en materia de prevención de lavado de dinero. Aunque los investigados argumentan poseer otras unidades de negocio que podrían justificar ingresos adicionales, la ley establece parámetros estrictos para el manejo de efectivo. La fiscal Heredia Verdugo señaló que, si bien se respeta el derecho de las personas a presentar pruebas, resulta complicado acreditar la licitud cuando se rebasan los límites establecidos por la normativa antilavado.
La objetividad de la institución ministerial permite recibir y analizar cada dato de prueba aportado por la defensa antes de determinar el ejercicio de la acción penal. La Fiscalía busca resolver el expediente con celeridad, a pesar de que los plazos de prescripción para este tipo de delitos varían entre los seis y siete años. La estrategia de investigación se centra en verificar si el flujo de efectivo corresponde a las actividades comerciales declaradas o si existe una discrepancia injustificable en el patrimonio de los señalados.
La Fiscalía reiteró que el procedimiento se rige bajo un estricto respeto a los derechos humanos de los involucrados durante la integración de la carpeta. La resolución del caso dependerá de la capacidad de los particulares para transparentar sus operaciones financieras y demostrar que el recurso no proviene de actividades delictivas. De no acreditarse el origen legal, la autoridad procederá conforme a derecho para sancionar el presunto blanqueo de capitales detectado en el cateo de la cabecera municipal de Ixtlán del Río.
