El marco jurídico estatal evalúa una reforma estructural para sancionar penalmente a los adultos que utilicen plataformas digitales con el fin de manipular o vulnerar la integridad de niñas, niños y adolescentes. El Congreso del Estado recibió una iniciativa orientada a tipificar el delito conocido internacionalmente como grooming, cerrando los vacíos legales que actualmente benefician a los ciberdelincuentes. La propuesta legislativa establece castigos severos que alcanzarían hasta los 12 años de prisión para quienes resulten responsables de estas prácticas.
El avance de las tecnologías de la comunicación exige una actualización constante de los códigos penales para proteger a los sectores más vulnerables de la población. La tipificación de este delito, explicó el diputado local Rodolfo Pedroza, otorgará las herramientas jurídicas necesarias para perseguir y encarcelar a los agresores. El legislador detalló que el contacto mediante perfiles falsos en redes sociales o videojuegos constituye el primer paso de una cadena delictiva que culmina en abusos físicos o psicológicos.
El modus operandi de estos infractores radica en ganar la confianza de los menores mediante engaños, simulando tener su misma edad o compartiendo intereses afines en el entorno virtual. La iniciativa contempla sancionar desde el intento de contacto con fines sexuales hasta la coacción para obtener material gráfico comprometedor. Esta clasificación delictiva permitirá intervenir de manera preventiva antes de que el daño a la víctima se materialice fuera del espacio digital.
La seguridad cibernética infantil representa una prioridad compartida entre las autoridades estatales y los padres de familia encargados de supervisar el acceso a internet. La reforma penal busca generar un efecto disuasorio contundente al establecer penas privativas de libertad que reflejen la gravedad del daño ocasionado al desarrollo de los menores. El análisis de la propuesta continuará en las comisiones legislativas correspondientes para afinar los detalles técnicos antes de su votación en el pleno.
El fortalecimiento del estado de derecho en el entorno digital posiciona a la entidad como un referente en la protección de los derechos de la infancia. La aprobación de esta iniciativa garantizará que las autoridades ministeriales cuenten con protocolos específicos para rastrear y procesar la evidencia electrónica en los juicios. El objetivo final consiste en asegurar un ciberespacio libre de violencia y depredadores para las nuevas generaciones de nayaritas.
