El Congreso del Estado de Nayarit recibió la iniciativa denominada Justicia sin Barreras, un proyecto legislativo que plantea reformas estructurales para evitar que los juicios laborales de personas con discapacidad caduquen por el paso del tiempo. La propuesta, impulsada por el legislador Ricardo Parra Tiznado, establece la creación de procesos simplificados que reduzcan los tiempos de espera en los tribunales, reconociendo que la vulnerabilidad física o sensorial de los demandantes requiere una respuesta institucional más ágil que la ordinaria.
Un aspecto central de la reforma es la protección del sustento económico del trabajador mientras el litigio permanece activo. La iniciativa contempla la obligatoriedad de otorgar al afectado al menos el 50 por ciento de su sueldo durante el desarrollo del juicio, evitando que la falta de ingresos fuerce a los ciudadanos a desistir de sus derechos humanos y laborales. De acuerdo con el autor del proyecto, esta medida busca equilibrar la balanza frente a patrones o instituciones que prolongan los procesos legales de forma deliberada.
El origen de esta propuesta normativa se sustenta en el caso de Jesús Salvador, un trabajador que fue separado de su cargo por el Ayuntamiento de Tecuala. El despido motivó un análisis sobre la sensibilidad de los funcionarios públicos y la necesidad de blindar a este sector de la población ante decisiones arbitrarias. Parra Tiznado subrayó que, más allá de nuevas leyes, es imperativo que los gobernantes cumplan con la cuota de contratación del 3 por ciento para personas con discapacidad, obligación ya establecida desde la XXXIII Legislatura.
La bancada de Morena, tras sostener encuentros con afectados de diversos municipios, respaldó la necesidad de transitar hacia un sistema de justicia con mayor rigor en la inclusión. Jesús Salvador, presente durante la exposición de motivos, hizo un llamado directo a los tomadores de decisiones para que la administración pública deje de ver la contratación de personas con discapacidad como una concesión y comience a verla como un derecho legal que debe ser respetado sin excepciones.
Actualmente, el documento se encuentra en la etapa de dictaminación dentro de las comisiones parlamentarias correspondientes. La expectativa de los legisladores es que exista un consenso generalizado en el pleno para proceder a su votación a la brevedad. De ser aprobada, Nayarit establecería un precedente en la protección de los derechos de este grupo vulnerable, priorizando la subsistencia del trabajador y la rapidez procesal sobre las inercias técnicas que suelen retrasar la justicia laboral en el estado.
