La estructura de los programas sociales en Nayarit operará bajo un modelo de centralización administrativa tras la reforma a la Ley para el Desarrollo Social aprobada por el Congreso local. Esta modificación legal elimina la fragmentación en la entrega de apoyos, permitiendo que la recién creada Secretaría de Desarrollo Económico y Social concentre la ejecución de recursos y evite la duplicidad de padrones beneficiarios. El ajuste busca que el gasto público en materia de combate a la pobreza se ejecute con mayor velocidad, eliminando los filtros burocráticos que retrasaban la asistencia en las zonas de mayor marginación.
El nuevo marco jurídico define los alcances operativos de la dependencia estatal sin interferir en las competencias de los ayuntamientos o el Gobierno Federal. Con esta reingeniería, la administración estatal pretende optimizar el erario mediante una estructura técnica que priorice la transparencia en la asignación de presupuestos. El decreto dota a la Secretaría de herramientas para fiscalizar que los incentivos lleguen directamente a las familias en situación de vulnerabilidad, consolidando un esquema de fiscalización que anteriormente carecía de un sustento legal sólido para su coordinación interinstitucional.
Paralelamente, el Poder Legislativo inició el proceso de armonización constitucional del artículo 83 para ajustar la organización judicial de la entidad a los parámetros federales. La propuesta, presentada por la diputada Nataly Tizcañero, establece reglas claras para el funcionamiento de los tribunales locales, buscando reducir las lagunas jurídicas en la estructura del poder público. Esta actualización técnica pretende modernizar el sistema de justicia estatal, alineándolo con las exigencias de transparencia y estructura que demanda la normativa nacional vigente.
En la misma jornada, se abordaron compromisos en materia de derechos humanos y seguridad pública. Mientras la legisladora María de la Paz Ramos enfatizó la necesidad de marcos normativos que garanticen la seguridad de mujeres y menores bajo el compromiso del Día Naranja, la diputada María Belén Muñoz analizó la respuesta institucional ante los hechos de violencia del pasado 22 de febrero. Muñoz subrayó que la estabilidad del estado depende de una actuación responsable de las autoridades para preservar la paz social, validando el despliegue de seguridad como una medida necesaria para proteger la integridad de los ciudadanos.
