El desmonte mediante incendios provocados para cambiar el uso de suelo en predios de Tepic enfrentará sanciones administrativas severas que superan los 100 mil pesos. Esta práctica, recurrente en zonas de pastizales secos, busca facilitar la siembra de frutales o el inicio de movimientos de tierra para desarrollos inmobiliarios sin contar con las autorizaciones ambientales correspondientes. Las autoridades municipales confirmaron que realizar estas quemas a la brava conlleva multas que oscilan entre los 50 mil 655 y los 117 mil 310 pesos.
La aplicación de estos correctivos económicos se basa en un tabulador de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quienes resulten responsables del fuego. El esquema de vigilancia ambiental en la capital ha permitido identificar un patrón donde, tras el siniestro de los pastizales, aparecen huertas de limón o aguacate en un periodo de tres a cuatro meses. Según explicó Abraham Misael Sandoval Parra, titular de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, el municipio iniciará indagatorias precisas para determinar el origen de los incendios y la identidad de los propietarios de los terrenos afectados.
Los ejidos de Los Fresnos y La Cantera se mantienen como los puntos de mayor incidencia de estos delitos ecológicos en la periferia de la ciudad. Recientemente, una fuerza de tarea integrada por los tres niveles de gobierno intervino en una zona cercana a La Cantera para sofocar un incendio que consumió aproximadamente seis hectáreas de vegetación. La magnitud de estos eventos obliga a una respuesta coordinada entre la federación, el estado y el ayuntamiento para evitar que la mancha urbana o agrícola se extienda a costa de las reservas naturales.
El proceso de investigación técnica incluye el levantamiento de indicios y el rastreo registral de los predios siniestrados para fincar responsabilidades jurídicas. La dirección general de Medio Ambiente advirtió que no se permitirá que el fuego sea el mecanismo para evadir las normativas de desarrollo urbano y sustentabilidad. La detección de cámaras de vigilancia o infraestructura de riego posterior al incendio son elementos que se integran a los expedientes para demostrar la intencionalidad de quienes buscan lucrar con la modificación del entorno natural.
Finalmente, el ciclo de desmonte y quema para urbanizar o sembrar en zonas protegidas será combatido mediante la vigilancia permanente y la denuncia ciudadana. La administración municipal enfatizó que el costo de las multas y los procesos penales por afectaciones al medio ambiente deben servir como un inhibidor para estas prácticas riesgosas. La prioridad institucional radica en preservar el cinturón verde de Tepic frente a la presión de los sectores inmobiliarios y agrícolas que operan al margen de la ley de ingresos y los reglamentos locales.
