Hay una violencia de la que algún día podemos ser víctima. Sucede en la quietud de una casa, en el espacio que se va vaciando alrededor de un cuerpo que envejece. Es la violencia del olvido, del que se vuelve una carga, del que deja de ser productivo. Ahora, se le quiere imponer castigo. Y que se llame delito.
Este jueves, en el recinto del Congreso del Estado, la diputada Marisol Sánchez Navarro presentó una iniciativa para reformar el Código Penal. La propuesta propone sancionar a quien abandone a una persona adulta mayor que no pueda valerse por sí misma. Dejarla en la precariedad, en la insalubridad o en el peligro. El lenguaje de la ley es siempre así, una colección de sustantivos secos que intentan contener una tragedia.
El proyecto de la legisladora es el eco local de un drama que que recorre el país. En México, hay 17 millones de personas mayores de 60 años. De ellos, según cifras de la UNAM y el INEGI, el 16 por ciento sufre alguna forma de abandono o maltrato. Son casi tres millones de personas. Una estadística que se descompone en millones de historias de soledad. La Cámara de Diputados federal ya dio un paso. Aprobó penas de hasta cinco años de prisión para quien cometa este delito. Nayarit, ahora, busca sumarse a esa corriente.
Mirar hacia afuera revela que el problema no es solo mexicano. Otros países ya han trazado ese camino. España y Costa Rica, por ejemplo, tienen en sus códigos penales el abandono como un crimen. Pero la comparación también muestra el abismo. En Japón, el fenómeno es el inverso: ancianos que cometen pequeños robos para ir a la cárcel. Buscan un techo, comida, compañía. La prisión como un refugio contra la soledad. Una sociedad que ha resuelto el problema de la longevidad, pero no el de la soledad.
La iniciativa de Nayarit, que ahora pasará a comisiones, es un intento de construir un dique. De trazar una línea en la arena. Pero la ley es una herramienta imperfecta. Puede castigar el acto, pero no puede legislar sobre el afecto. No puede obligar a la compañía, ni al cuidado, ni a la memoria. Puede ponerle un precio al olvido, una cantidad de años de cárcel. Pero no puede devolver la dignidad que se pierde en el silencio de una habitación vacía.
Ese mismo día, mientras se discutía el futuro de los viejos, los diputados eligieron a una nueva fiscal anticorrupción. El mecanismo del poder, siempre en movimiento. Se nombra a quien perseguirá un delito, mientras se discute si otro, más íntimo y silencioso, debe ser considerado como tal. La vida pública y la vida privada, dos mundos que se tocan en el texto frío de un código penal. Afuera, en las casas, la vida sigue. Y el olvido, por ahora, no tiene un acto que no tiene precio.
