Representan los asuntos de materia familiar la mayor carga laboral para el sistema de justicia en Nayarit durante el ciclo actual. De un total de 30 mil expedientes gestionados por el Poder Judicial, aproximadamente 12 mil corresponden a conflictos derivados de relaciones parentales, principalmente divorcios y demandas de pensión alimenticia, lo que satura la capacidad operativa de los juzgados especializados en la entidad.
Edgar Román Salazar Carrillo, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), informó que esta tendencia refleja una problemática social persistente donde la disolución de los vínculos matrimoniales se acompaña frecuentemente de litigios por la custodia de menores. El volumen de trabajo en estas áreas ha obligado a la institución a redoblar esfuerzos administrativos para evitar rezagos en la impartición de justicia y garantizar la atención oportuna de las y los ciudadanos.
“En 2025, de 30 mil asuntos, cerca de 12 mil corresponden a asuntos familiares”, señaló el titular respecto al balance operativo de la dependencia. Esta cifra contrasta con los indicadores del año anterior, donde se observaba una distribución distinta en las causas judiciales, confirmando que la estabilidad de los núcleos domésticos es el área de mayor vulnerabilidad jurídica en el territorio estatal.
Los registros oficiales indican un repunte en las solicitudes de divorcio incausado, modalidad que agiliza el trámite legal pero que mantiene activos los procesos secundarios de protección a los descendientes. A nivel nacional, por cada 100 matrimonios celebrados ocurren en promedio 33.3 divorcios, una métrica que en Nayarit se alinea con la media federal y que sitúa a la entidad entre los estados con mayor demanda de resoluciones en la materia.
La estrategia institucional actual prioriza el desahogo de estos expedientes mediante la mediación y el fortalecimiento de los juzgados de lo familiar. Ante el incremento de la litigiosidad, el Tribunal busca implementar mecanismos que permitan reducir la carga procesal, asegurando que el derecho a los alimentos y la convivencia familiar no se vean afectados por el volumen de casos que ingresan diariamente al sistema judicial.
