La fiscal general de Nayarit, Ludmila Heredia Verdugo, denunció que diversos centros de rehabilitación en la entidad operan como refugios para ocultar a personas con cuentas pendientes ante la justicia. Tras operativos de supervisión, las autoridades detectaron que estos espacios, concebidos originalmente para la reinserción social, son utilizados para la privación ilegal de la libertad y el reclutamiento de internos para actividades delictivas.
De acuerdo con las investigaciones, se han localizado personas con fichas de búsqueda vigentes que eran mantenidas bajo condiciones inhumanas y sometidas a explotación laboral. La fiscalía señaló que algunos internos son forzados a trabajar en la vía pública, como en la venta de productos plásticos, mientras permanecen retenidos contra su voluntad en instalaciones que carecen de una supervisión efectiva por parte de las instancias sanitarias.
Un caso reciente en la colonia Emilio M. González ilustra la gravedad de la situación, donde una mujer identificada como Martha “N” fue vinculada a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro agravado. Según las indagatorias oficiales, la imputada fungía como encargada de un centro de tratamiento para mujeres, donde mantenía a las víctimas incomunicadas y bajo amenazas constantes de daño físico.
Heredia Verdugo reconoció que la intervención de las autoridades se vuelve compleja debido a que muchos de los internos no desean permanecer en tratamiento, lo que genera un riesgo adicional al exterior de los inmuebles. Ante este panorama, la institución planteó la urgencia de fortalecer la coordinación con el Consejo Estatal contra las Adicciones (CECA) y el Centro de Salud Mental y Adicciones (MARAKAME) para establecer protocolos de control más estrictos.
La problemática ha rebasado los mecanismos de inspección tradicionales, por lo que se mantienen operativos vigentes para identificar y clausurar aquellos establecimientos que vulneren los derechos humanos. La fiscalía enfatizó que la rehabilitación sólo debe ocurrir bajo marcos legales, por lo que las investigaciones continuarán hasta desarticular las redes que aprovechan estos espacios para operar desde la clandestinidad.
