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martes, marzo 31, 2026
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Refuerzan operativos contra secuestro y grupos delictivos

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La prioridad actual de la Fiscalía General de Nayarit se centra en garantizar que los protocolos de investigación se apliquen de manera rigurosa para proteger a los sectores más vulnerables de la población

La alerta de género en Nayarit, activa desde hace una década, motivó la implementación de un plan de acción integral para combatir la violencia contra las mujeres y fortalecer los operativos de seguridad en la entidad. Tras un periodo de seguimiento irregular en administraciones previas, las instituciones de justicia han retomado estrategias enfocadas en la erradicación de delitos de alto impacto, como el secuestro y la actividad de grupos delictivos organizados.
La fiscal general de Nayarit, Ludmila Heredia Verdugo, reconoció que la efectividad de las medidas de protección ha variado a lo largo de los años debido a la falta de continuidad en ciertas acciones preventivas. No obstante, destacó que la prioridad actual se centra en garantizar que los protocolos de investigación se apliquen de manera rigurosa para proteger a los sectores más vulnerables de la población.
En materia de procuración de justicia, el organismo autónomo sostiene una postura de imparcialidad al atender las denuncias ciudadanas. Bajo este criterio, las investigaciones se realizan conforme a derecho, sin establecer distinciones de género en la recepción de quejas, asegurando que tanto hombres como mujeres reciban una atención equitativa cuando se reporten actos de agresión o vulneración de derechos.
La estrategia institucional también contempla sanciones severas para quienes incurran en actos violentos dentro del núcleo familiar. Se busca que cada caso sea atendido bajo el marco legal vigente, evitando etiquetas sociales y concentrándose en el cumplimiento de la ley para asegurar que las víctimas obtengan justicia de manera pronta y expedita.
Finalmente, la fiscal reiteró que la seguridad ciudadana depende de la eficiencia operativa y la transparencia en los procesos judiciales. El compromiso actual de las autoridades es mantener el orden público y reducir los índices de criminalidad a través de la vigilancia constante y el procesamiento efectivo de los responsables de delitos que laceran la estabilidad social.

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