Nayarit se posiciona en el escenario internacional en materia de combate a la corrupción, tras los resultados obtenidos por la administración estatal en la recuperación efectiva de activos. Estos avances motivaron la próxima gira de trabajo de Silvia Mizuno Morimoto, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, quien acudirá a la entidad para formalizar esquemas de colaboración técnica.
El secretario ejecutivo del Sistema Local Anticorrupción, Juan Carlos Alvarado, explicó que este acercamiento es producto de las reuniones sostenidas en la Ciudad de México, donde se expusieron los mecanismos que han permitido al estado rescatar bienes y recursos públicos. La funcionaria internacional acudirá para atestiguar los métodos de trabajo que, según destacó el secretario, han generado interés fuera del país por su efectividad operativa.
Como parte de esta vinculación, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proporcionará al Gobierno de Nayarit herramientas digitales especializadas en análisis de datos y mapas de calor para identificar focos de riesgo administrativo. Estos sistemas, que representan una inversión de varios millones de dólares a nivel global, serán entregados de forma gratuita para fortalecer las capacidades de fiscalización y detección de irregularidades en tiempo real.
Alvarado precisó que la implementación de estas plataformas tecnológicas permitiría al estado un ahorro significativo, ya que el desarrollo de software de análisis de riesgo de esta magnitud es costoso. La donación de la ONU representa un respaldo a la política de transparencia local, proporcionando instrumentos de vanguardia que sólo se otorgan a gobiernos que demuestran avances tangibles en la rendición de cuentas.
Durante su estancia de dos días, Mizuno Morimoto sostendrá encuentros estratégicos con autoridades estatales, así como con integrantes de los sistemas de seguridad pública y anticorrupción. Esta gira busca consolidar a Nayarit como un referente en la aplicación de justicia administrativa, utilizando la tecnología para blindar el ejercicio del gasto público y garantizar que la recuperación de activos continúe siendo una prioridad institucional.
