NOTA: Nuestro buen amigo, el doctor Abel Ortiz Prado (aborpra@hotmail.com), consultor en gobierno, finanzas y administración pública, además de estructurador de Asociaciones Publico Privadas, envía una interesante colaboración para MERIDIANO.
ANÁLISIS DE UN TEMA ACTUAL
Señala, que en días recientes, la discusión pública en torno a la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar ha detonado una narrativa en redes sociales que advierte, de manera alarmista, sobre una supuesta disposición del Estado de los recursos acumulados en las AFORES. “Más allá del ruido mediático, conviene recordar un hecho estructural: México históricamente ha enfrentado una insuficiencia de ahorro interno para financiar su crecimiento económico. En ese contexto, la creación en 1992 del Sistema de Ahorro para el Retiro “SAR” representó, en su momento, una decisión acertada para fortalecer la formación de capital de largo plazo. Desde esta perspectiva, la posibilidad de canalizar parte de dichos recursos hacia proyectos productivos -con calificación AAA- no resulta, en sí misma, una desviación, sino una evolución lógica dentro de un modelo de desarrollo que bajo la ecuación “ganar-ganar” busca mayor profundidad financiera”
POLÉMICA NO SURGE EN EL VACÍO
Un antecedente relevante que alimenta la desconfianza social es la experiencia de los fondos de pensiones en el financiamiento del fallido Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, “NAICM” cuya cancelación generó minusvalías en los ahorros de los trabajadores. Este episodio dejó una lección clara: más allá del diseño financiero, el riesgo político puede incidir de manera determinante en la viabilidad de los proyectos. En este sentido, si bien la nueva ley no establece la expropiación ni la utilización obligatoria de los recursos de las AFORES, sí incorpora un modelo de planeación más centralizado, donde un consejo de planeación define la elegibilidad y prioridad de los proyectos estratégicos. Es precisamente en este punto donde se ubica la preocupación legítima: no en la figura de inversión en sí misma, sino en la posibilidad de que decisiones de carácter político alteren las condiciones de certidumbre requeridas para proteger el ahorro de largo plazo.
MÉXICO NO ES PIONERO EN ESTE TIPO DE ESQUEMAS
Desde hace décadas, economías más desarrolladas han utilizado vehículos financieros específicos para canalizar recursos institucionales hacia infraestructura, y experiencias similares han sido propuestas incluso a nivel subnacional en nuestro país, aunque no siempre han prosperado por razones políticas. En ese sentido, la incorporación de Vehículos de Propósito Específico “VPE” como eje articulador de la inversión no es una innovación disruptiva, sino una adopción tardía de prácticas internacionales. No obstante, la inclusión de conceptos como “reducción de la desigualdad” o “prosperidad compartida” como criterios centrales de evaluación, introduce elementos de subjetividad que pueden dificultar la toma de decisiones bajo criterios estrictamente técnicos. En consecuencia, el verdadero desafío no radica en utilizar el ahorro pensionario como palanca de desarrollo, sino en garantizar que su asignación se rija por principios de rentabilidad, transparencia y certidumbre institucional, evitando que la lógica política termine por comprometer la seguridad del patrimonio de los trabajadores.
OJO: El ahorro para el retiro puede ser motor del desarrollo, pero solo si se gobierna con técnica; de lo contrario, corre el riesgo de convertirse en rehén de la política.
VEREMOS Y DIREMOS.
