La Fiscalía General de la República (FGR) asestó un golpe de autoridad este sábado al emitir una serie de citatorios que colocan en el centro del tablero político a dos figuras de peso regional. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y el mandatario con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, deberán comparecer ante la justicia federal para responder por expedientes que, aunque distintos en su origen, comparten la sombra de la sospecha institucional.
En el territorio chihuahuense, la citación también alcanza al exfiscal estatal César Jáuregui por el trágico accidente en la sierra Tarahumara donde fallecieron dos agentes de la CIA y dos mexicanos. Campos, tras recoger el documento en el Palacio de Gobierno, confirmó que asistirá el próximo 27 de mayo para encarar el proceso legal. “Ahí estaremos porque siempre he dado la cara”, sentenció la panista, quien no dudó en calificar este movimiento como una estrategia de persecución orquestada por Morena con la mirada puesta en la sucesión estatal de 2027.
Dicha postura de defensa técnica busca deslindar a la mandataria de la responsabilidad operativa, asegurando que desconocía la presencia de agentes extranjeros en suelo chihuahuense durante el desmantelamiento de un narcolaboratorio. Al ser cuestionada sobre la legalidad de las acciones en la sierra, evitó una respuesta contundente pero dejó un mensaje entre líneas. “Un Estado como Chihuahua, con la frontera que tiene, necesita forzosamente la cooperación y la colaboración de Estados Unidos; obviamente en los canales institucionales”, afirmó, sugiriendo que la coordinación binacional es un imperativo que trasciende la burocracia.
Mientras tanto, la situación en Sinaloa mantiene su propio voltaje con la reaparición de Rubén Rocha Moya, quien aseguró que atenderá el requerimiento con la cabeza en alto. El gobernador con licencia, señalado por presuntos vínculos delictivos en expedientes internacionales junto a otras nueve personas, sostuvo que no tiene nada qué temer ante la justicia federal. “Éste es un hombre probo”, refirió sobre sí mismo en un mensaje dirigido a sus simpatizantes, al tiempo que el senador Enrique Inzunza confirmó que también comparecerá sin escudarse en el fuero constitucional ni usar representantes legales.
Desde la capital del país, la presidenta Claudia Sheinbaum intentó enfriar la polémica opinando que ambos citatorios “no tienen nada de político”. No obstante, el calado de las acusaciones y los tiempos electorales sugieren que la tregua institucional está lejos de concretarse en las entidades fronterizas. Sólo el tiempo determinará si éstas representan una búsqueda genuina de justicia o el inicio de un reacomodo de fuerzas ante los desafíos de seguridad que asedian al país.
