La exigencia de transparencia estalló en la Escuela Secundaria General Miguel Hidalgo, en Xalisco, donde padres de familia denunciaron una red de presunto nepotismo y desvíos financieros. Señalan directamente a la directora, Zaida Patricia Calderón Trujillo, de utilizar su cargo para beneficiar a familiares y administrar con opacidad las cuotas escolares. Ésta es la principal preocupación de los tutores, quienes expusieron el caso ante la secretaria de Educación, Mirna Araceli Manjarrez Valle, con el exhorto de que la cercanía política no se convierta en un escudo de impunidad.
Sospechan los quejosos que el manejo de los recursos por inscripciones y actividades carece de claridad desde hace meses. Un evento detonante ocurrió, presuntamente, el pasado 16 de abril, cuando se impuso la compra de 80 pollos para el festejo del Día de las Madres con un costo de 22 mil 800 pesos. Según la denuncia, el negocio beneficiado pertenece a un familiar directo de la directiva, adquiriendo cada pieza en 289 pesos sin complementos, “por sus pistolas”, ignorando el acuerdo de preparar platillos más económicos.
A juicio de la comunidad, resulta alarmante el caso de uno de los hijos de la funcionaria, quien habría cobrado sueldo íntegro mientras se encontraba privado de la libertad. Los denunciantes refieren que, bajo la causa penal 1234/2021, el individuo permaneció inactivo, pero con el respaldo de la dirección y la subdirección, a cargo de Karina Rubí Rodríguez Calderón, hermana del involucrado. Sólo una investigación profunda podría determinar el alcance de este presunto daño al erario educativo y a la nómina estatal.
Tal entramado administrativo incluye también señalamientos de duplicidad de funciones en perjuicio de la calidad docente. Se acusa a la directora de ostentar una plaza directiva en Xalisco y otra como docente en la Secundaria Técnica 55 de Tepic, ambas en el turno matutino. Los padres cuestionan la posibilidad de cumplir con dos horarios simultáneos en municipios distintos, una anomalía que la autoridad estatal debe esclarecer para descartar el cobro indebido de honorarios públicos.
Exigen la intervención inmediata del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero y de la Secretaría de Honestidad y Buena Gobernanza ante las amenazas recibidas por solicitar cuentas claras. Los padres aseguran que la respuesta institucional ha sido la intimidación y la prepotencia, afectando el bienestar de los alumnos. Este ambiente de confrontación requiere una auditoría exhaustiva que garantice la ética profesional y la seguridad jurídica dentro de las aulas nayaritas.
