“Por lo demás, las actas continúan en el proceso, se trasladan, como exige el continuo trámite administrativo, a los tribunales supremos, vuelve a los inferiores, y oscila entre unos y otros con mayor o menor fluidez. Esos caminos son impredecibles”
Franz Kafka
No es sencillo “hacer empresa”. Hacer empresa significa invertir y crear empleos. Cuando las personas deciden invertir, corren riesgos y deben transitar por procesos “tramitológicos” que en repetidas ocasiones resultan un verdadero calvario, un proceso kafkiano. La tramitología mata inversiones y mata empleos, desde antes de nacer. No debería ser así, aunque el país entero parece estar entrando en una nueva etapa de actividad empresarial. El estado de Nayarit no escapa a esa lógica facilitadora que obliga a las autoridades a simplificar y a digitalizar trámites y servicios. A eso se ha referido el mandatario estatal Miguel Ángel Navarro y lo demuestra abriendo las puertas a inversionistas que saben del potencial que posee nuestra entidad federativa.
Ejemplo de lo anterior, es el desarrollo inmobiliario denominado “Condominio Pueblitos Nayar”, que se desarrollará en la localidad de Lo de Marcos, allá en el municipio de Bahía de Banderas. Se trata de toda una propuesta de desarrollo sustentable que significa la aplicación de una inversión superior a los mil cien millones de dólares. Eso se podría traducir en la generación de unos tres mil empleos durante su proceso de consolidación.
Para darnos una idea de la relevancia de una inversión de esas dimensiones, se debe decir que esa cantidad de dólares se puede traducir en más de 19 mil millones de pesos. Hablar de esa cifra en pesos, tampoco logra despejar nuestra imaginación. Para darnos una idea más cercana, un poco más cercana al tamaño de la inversión, señalemos que esa cantidad de dinero que se invertirá en ese lugar, equivale a más de la mitad del presupuesto de egresos para el estado de Nayarit para este año 2026, que equivale a 32 mil 200 millones de pesos: 59.26%.
La administración de Navarro Quintero ha centrado sus esfuerzos en la estrategia constitucional que ordena alentar y proteger la actividad económica que realicen los particulares, así como proveer las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional. La promoción del potencial económico que posee el estado ha dado resultados. La atracción de inversiones no es producto de la espontaneidad. En el mundo existe una lucha generalizada por atraer inversiones o parea asegurar que las economías se desarrollen de manera tal que los capitales sean invertidos en las propias naciones. Uno de esos ejemplos es el que se manifiesta con la aplicación de aranceles.
En Nayarit, además, se asegura el respeto a otro de los mandamientos plasmados en el artículo 4 de la Ley Fundamental. Se trata del derecho a un medio ambiente saludable. En el mismo ejemplo que cito en líneas anteriores, se manifiesta el compromiso al que se alude. Ha sido el mismo Gobernador Navarro Quintero quien aseguró que “los inversionistas están comprometidos con el cuidado del medio ambiente con la construcción de una moderna planta de tratamiento de agua para optimizar el uso de los recursos hídricos y energéticos, así como la conservación de cerca del 70 por ciento del territorio destinado a áreas naturales y espacios verdes”. Ese compromiso, el del respeto al medio ambiente, lo ha defendido a capa y espada, sin sacrificar el bienestar de las personas que solamente puede derivar del acompañamiento de un gobierno sensible, así como de la generación de empleo que se traduzca en salarios, en ingresos para las familias, para las personas. Se trata de asegurar una ganancia que respete al medio, pero que sobre todo se manifieste en salarios dignos, en ingresos que sirvan para que la gente pueda vivir con dignidad.
Claro que el medio ambiente suele ser afectado en cierta medida. Existe un límite tolerable de impacto al entorno natural. Así, se decide construir una carretera, a pesar de que esta afecte a las especies que transitan por las regiones afectadas. ¿Hasta dónde es posible afectar al medio ambiente? Eso lo determina el costo medioambiental y el beneficio social. En ocasiones, el costo de realizar una obra o de desplegar una inversión privada es detenida como consecuencia de los resultados de estudios que revelen que los costos para la ecología de los lugares, puede ser afectada de manera irremediable. Cuando no se pone en peligro la presencia de la fauna o la flora hasta los niveles aceptables (entre ellos que no se ponga en riesgo de extinción de las mismas de especies), entonces una inversión puede ser aceptable. Cuando el impacto social es mínimo o inexistente, esas inversiones privadas no se pueden permitir. Vale aquí un aforismo: una economía que no sirve a la gente, no es economía.
El actual gobierno, al hacer una defensa clara de las inversiones privadas, de la actividad empresarial, no se muestra clasista, sino comprometido con el bienestar de todos. En la defensa de los menos favorecidos, en la actividad que el gobierno despliega para apoyar a los que menos tienen, no existe una postura contra el despliegue del capital. Nadie en su sano juicio se pelea contra los capitales; más bien, el sano juicio indica que se debe pelear por los capitales.
Esa es la razón por la que nuestro Pacto Federal dispone que a fin de contribuir al desarrollo y bienestar de las personas, grupos, comunidades y sectores sociales y económicos, las autoridades de todos los órdenes de gobierno deben implementar políticas públicas de simplificación administrativa y digitalización de trámites y servicios, buenas prácticas regulatorias, desarrollo y fortalecimiento de capacidades tecnológicas públicas y los demás objetivos que establezca la ley nacional en la materia.
Así es como se hace en Nayarit. El equilibrio se logra atrayendo inversiones y facilitando su desempeño. Se trata de que la ganancia se obtenga sin derrama de beneficios sociales. Las utilidades son aceptables en la medida que estas se distribuyan como ganancias para el inversionista, así como en salarios para trabajadores.
En Nayarit no todo es coser y cantar. Hay inversionistas que suelen retirarse cuando se dan cuenta de que el estado no es territorio en el que pueden actuar como en tierra de nadie. En el estado se procuran los equilibrios. También se procura que los inversionistas tengan las facilidades para que actúen de manera formal. Para eso la simplificación en la que avanza e estado a pasos de gigante. Una luz roja proviene principalmente de las autoridades municipales. Los ayuntamientos han respondido de manera en extremo diferenciada. Algunas autoridades municipales han sabido empezar con esa simplificación, pero otros actúan como si odiaran a muerte a todo signo de actividad privada. Al interior de ciertas áreas administrativas dentro de un mismo ayuntamiento, se procede de manera casi antagónica.
Las autoridades estatales podrían promover adecuaciones al marco legal para asegurarse de que los empresarios no queden a merced de malas prácticas de algunos gobiernos municipales o de algunas áreas administrativas de ese mismo nivel de gobierno. No es sencillo lograr este último propósito, aunque es ruta transitable.
El 115 constitucional dispone que el municipio es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de cada Estado. Ahí mismo, se establece que cada municipio sea gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, sin que exista ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. Asimismo, el citado dispositivo constitucional otorga a los municipios la personalidad jurídica propia y la facultad para aprobar sus propios bandos de policía y buen gobierno, así como reglamentos y circulares y garantiza su autonomía financiera al establecer que los municipios administren libremente su hacienda (que se conforma de sus impuestos, contribuciones y participaciones federales). De ninguna manera se conceden poderes extraterritoriales. Se puede y se debe legislar al respecto.
