Vestido con el traje caqui de los presos federales, encadenado de pies y manos, el general Gerardo Mérida Sánchez escuchó este lunes, en una sala de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que la evidencia reunida en su contra es, en palabras de la jueza Katherine Polk recogidas por El País, «mucha». La comparecencia duró cerca de veinte minutos. Bastó para fijar el calendario de uno de los procesos con mayor carga política que enfrenta el gobierno mexicano: la jueza concedió a la Fiscalía estadounidense dos meses para procesar las pruebas y citó a las partes el 4 de agosto. La defensa, encabezada por la exfiscal Sarah Krissoff, podrá revisarlas antes de armar sus alegatos.
Mérida fue secretario de Seguridad de Sinaloa entre 2023 y 2024, durante el Gobierno de Rubén Rocha Moya. La Fiscalía lo acusa de filtrar a la facción de Los Chapitos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, información sobre operativos contra narcolaboratorios, de modo que los capos pudieran mover droga y equipo antes de cada golpe. A cambio, según el expediente citado por El País, recibía sobornos por más de cien mil dólares en efectivo al mes, alrededor de 1.7 millones de pesos. Se entregó por voluntad propia a mediados de mayo y, en su primera audiencia, el día 15, se declaró no culpable de conspiración para traficar drogas y posesión de armas.
El detalle de la sala pesa menos que lo que anticipa. La propia jueza Polk advirtió que espera «oleadas» de acusados dentro de la causa contra Rocha, según las crónicas de los corresponsales Ariel Moutsatsos y Arturo Ángel. El siguiente en aparecer sería Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas del gobernador, también en pláticas con la justicia del país vecino. Los cargos son los mismos que pesan sobre Rocha, hoy con licencia, sobre el senador Enrique Inzunza y sobre el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Mendívil.
La magnitud del expediente se aprecia mejor desde fuera. The Washington Post subrayó que ningún gobierno de Estados Unidos había acusado a un gobernador mexicano en funciones, y describió el caso como una prueba severa para la Presidenta. Para el centro de análisis CSIS, la imputación del 29 de abril contra Rocha y otros nueve funcionarios no fue una sorpresa sino el desenlace de año y medio de presión: cada vez que el Gobierno de Sheinbaum cumplía una exigencia de Washington, la Casa Blanca corría la meta un poco más lejos. El fiscal Jay Clayton lo planteó sin matices al anunciar los cargos: el Cártel de Sinaloa, dijo, no operaría con tanta holgura sin políticos y policías en su nómina.
El nombre de Rocha ya cargaba sombras. Desde julio de 2024, cuando Estados Unidos capturó a Ismael El Mayo Zambada, una carta del capo difundida por su defensa aseguró que iba camino a una reunión con el gobernador el día de su arresto, según consignaron la agencia AP y la prensa mexicana. La versión nunca se probó, pero quedó flotando. Sobre ese trasfondo aterrizó la acusación de Manhattan, que sostiene algo más grave: que Los Chapitos ayudaron a Rocha a ganar la gubernatura mediante la intimidación de rivales y que, ya en el poder, los dejó operar con impunidad.
El expediente no nace en el vacío. Sinaloa vive una guerra abierta desde la captura de El Mayo, con Culiacán convertida en escenario de balaceras y de cuerpos abandonados en la vía pública, una violencia que la acusación de Manhattan atribuye en parte a la impunidad que los funcionarios habrían garantizado a los capos. La promesa de seguridad de Rocha quedó sepultada bajo esa cuenta que los sinaloenses arrastran desde entonces.
De ahí el dilema que describen los analistas. Carlos Pérez Ricart, profesor del CIDE, habló de un «terremoto político» y, en entrevista con el Christian Science Monitor, fue más lejos: no hay salida cómoda para Sheinbaum, porque entregue o no a Rocha, Trump pedirá más. La Presidenta enfrenta dos fuegos. Hacia fuera, la exigencia de extradición y la amenaza, sostenida durante meses, de una eventual operación militar estadounidense en territorio mexicano. Hacia dentro, una fractura que toca el corazón de su movimiento.
El costo se proyecta sobre 2027. El analista David Saucedo advirtió, también ante el Christian Science Monitor, lo difícil que resulta para la Presidenta convencer a su propio partido de que un aliado deba ser procesado aun cuando los señalamientos de colusión con el crimen resulten verosímiles. Perseguir a los suyos amenaza con astillar a Morena de cara a la intermedia; protegerlos, con desgastar la bandera anticorrupción que dio origen al movimiento. PolíticoMX resumió el riesgo: las acusaciones golpean el eje de identidad del partido, el combate a la corrupción, en un momento en que la percepción de integridad pesa en las urnas.
Esa fractura tiene nombres y temores. En Milenio, Héctor Aguilar Camín planteó la hipótesis que circula en los pasillos del poder: si la Presidenta entrega a Rocha, y Rocha decide hablar, la cadena podría subir hasta Andrés Manuel López Obrador y reactivar la sospecha de una narcopolítica en la elección que llevó a Sheinbaum al poder. El columnista resumió la contradicción con una imagen filosa: la mandataria defiende la soberanía amparando a presuntos delincuentes, como si Rocha y sus coacusados fueran unos «narco Niños Héroes». Ceder a las exigencias de Palenque, en esa lectura, le compra tiempo a cambio de cargar con la incomodidad del expediente.
Sheinbaum eligió el terreno de la soberanía. El domingo, ante más de cien mil personas en el Monumento a la Revolución, según la cobertura de La Jornada y de Animal Político, conmemoró sus dos años de triunfo electoral con una demostración de músculo y un alegato contra Washington. Acusó a sectores de la ultraderecha estadounidense de usar a México para acomodarse de cara a sus propias urnas y de pretender influir en los comicios mexicanos de 2027. «México no es piñata de nadie», lanzó. Luego deslizó la frase que disipó cualquier duda sobre la extradición: vienen por unos, después por otros, hasta que las oficinas del Departamento de Justicia se vuelven, advirtió, el principal elector del país. Animal Político apuntó el contraste: mientras la Presidenta hablaba, decenas de asistentes dejaban la explanada, y algunos habían llegado movilizados desde campamentos y alcaldías.
El cálculo se enreda con el calendario comercial. El caso estalló mientras México y Estados Unidos encaran la revisión del T-MEC, recordó el Council of the Americas, y mientras Sheinbaum sostiene un equilibrio difícil: cooperar en seguridad con el vecino sin que la cooperación luzca como sumisión. The Globe and Mail consignó que su Gobierno ya entregó a decenas de capos y autorizó vuelos de vigilancia, gestos que no bastaron para cerrar el reclamo. Brookings situó el episodio dentro de una ofensiva más amplia del propio Estado mexicano contra redes de colusión entre política y crimen, con decenas de detenidos, varios de ellos morenistas, en la llamada Operación Enjambre. Allí asoma la paradoja que recorre todo el caso: el Gobierno que presume haber limpiado ayuntamientos enteros se planta ahora a defender a un gobernador acusado por el mismo delito.
La oposición, menguada, encontró munición. El País anotó que la acusación le dio armas frente al oficialismo, y la prensa nacional registró que, cerca del mitin presidencial, opositores colgaron una manta con el rostro de Rocha. El gobernador sigue con licencia, lejos de la sala neoyorquina, mientras su nombre se vuelve consigna de un bando y agravio del otro.
Queda, en medio, una grieta visible. El gobierno defiende a Rocha desde la tribuna; dos de sus excolaboradores más cercanos en seguridad y finanzas eligieron cruzar la frontera y sentarse a negociar. Mérida ya escuchó a la jueza calificar las pruebas en su contra. Díaz Vega podría seguirlo. Cada entrega individual erosiona la versión oficial de que Washington carece de elementos y desplaza el debate del terreno del discurso al de los expedientes.
El 4 de agosto, cuando Mérida y la Fiscalía vuelvan a comparecer, el caso habrá dejado de medirse en consignas. Para entonces la defensa habrá revisado las pruebas, la jueza Polk habrá calibrado su alcance y México sabrá si las «oleadas» que anticipó la corte de Nueva York empiezan a tocar tierra. Rocha permanece con licencia, fuera de cuadro. El expediente, en cambio, avanza sin él.
