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viernes, junio 19, 2026
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Analiza Congreso iniciativas sobre movilidad y desaparición forzada

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Analiza Congreso iniciativas sobre movilidad y desaparición forzada

La agenda legislativa local registró la entrada de propuestas fundamentales para el ordenamiento jurídico y la protección de los derechos humanos. Estos proyectos buscan actualizar el marco normativo en áreas sensibles como la seguridad pública, el transporte y la rendición de cuentas, respondiendo a las demandas de diversos sectores de la población nayarita que exigen leyes más eficientes y cercanas.

Durante la sesión de la Diputación Permanente, presidida por el legislador Salvador Castañeda Rangel, se recibió formalmente la iniciativa de Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas remitida por el titular del Ejecutivo, Miguel Ángel Navarro Quintero. El documento propone un sistema de búsqueda estatal robusto que mejore la comunicación entre instituciones y garantice el acompañamiento integral a las víctimas.

Este ordenamiento legal consta de ciento cincuenta y tres artículos diseñados para agilizar la localización de ciudadanos mediante protocolos actualizados de investigación técnica. La propuesta prioriza el derecho a la verdad y la reparación integral, estableciendo mecanismos que obligan a las autoridades a actuar con prontitud ante reportes de privación ilegal de la libertad cometida por particulares o servidores.

Mediante la intervención de los representantes Adahan Casas Rivas y Luis Daniel Pérez Lerma, se analizan también cambios profundos a la Ley de Movilidad del Estado de Nayarit. La reforma pretende establecer criterios de orden y certeza jurídica para los usuarios, buscando reducir los índices de siniestralidad y mejorar la convivencia en las vías de comunicación terrestres de los municipios.

Aquellas propuestas presentadas por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, bajo la coordinación de la legisladora Marisol Sánchez Navarro, se enfocan en la modernización de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. El objetivo central es armonizar los reglamentos internos con las disposiciones vigentes sobre transparencia y protección de datos personales, asegurando un manejo responsable de la información del Congreso.

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