El gobierno estatal estableció criterios estrictos para los integrantes del gabinete que pretendan participar en la búsqueda de candidaturas para el próximo ciclo electoral. La instrucción principal obliga a los interesados a tramitar una licencia temporal o presentar su renuncia definitiva antes de integrarse a cualquier proceso interno de sus partidos políticos.
Esta medida busca garantizar la imparcialidad en el ejercicio de la función pública y evitar el uso de recursos institucionales durante las etapas de promoción política. Los servidores públicos que decidan inscribirse en las convocatorias partidistas deben priorizar la legalidad del proceso para asegurar una transición ordenada en sus respectivas áreas de responsabilidad.
Al respecto, la secretaria general de Gobierno, Rocío Esther González García, recordó que no existen prohibiciones para que los colaboradores aspiren a cargos de elección popular. Sin embargo, precisó que la única condición innegociable es el cumplimiento del marco normativo vigente respecto a la desvinculación oportuna de sus funciones actuales.
Aunque el calendario electoral formal está previsto para comenzar durante el mes de septiembre, las autoridades locales permanecen atentas a las disposiciones que emitan los organismos rectores en la materia. Éste es el punto de partida para que tanto el Instituto Nacional Electoral como el órgano local definan con claridad los plazos de cumplimiento para evitar faltas administrativas.
Sólo se espera el anuncio oficial de las reglas de competencia para que se formalicen las posibles salidas de quienes decidan buscar el voto ciudadano. Por el momento, el equipo de trabajo estatal se mantiene enfocado en sus tareas institucionales sin que se reporten movimientos internos vinculados a estas ambiciones partidistas.
