La operatividad de las aplicaciones móviles que ofrecen servicios de transporte público en la entidad carece de sustento legal ante las autoridades estatales. Al trabajar fuera de la normativa vigente, estos vehículos representan una competencia desigual para los transportistas que cumplen con el pago de concesiones y derechos. Esta situación ha derivado en una vigilancia estrecha por parte de las instituciones para asegurar que el servicio de traslado se realice bajo los lineamientos que marca el estado de derecho.
De acuerdo con la titular de la Secretaría de Movilidad, Sistiel Buhaya Lora, el uso de estas unidades implica un peligro latente para la ciudadanía ante la ausencia de seguros de cobertura amplia. La funcionaria precisó que, en caso de siniestro vial, los pasajeros carecen de una protección que garantice la atención médica inmediata o la reparación del daño. Al no figurar en el padrón oficial, el seguimiento administrativo de las unidades se vuelve nulo, dejando a los usuarios en un estado de vulnerabilidad jurídica y física.
Inspectores de la dependencia han procedido al retiro de circulación de diversos automóviles que prestan este servicio sin contar con los permisos correspondientes. Durante los operativos, se notifica a los conductores sobre la imposibilidad de operar debido a que la ley estatal exige una autorización previa para el transporte de personas. Estas acciones buscan depurar el parque vehicular y garantizar que sólo las unidades registradas puedan circular, brindando certeza a quienes requieren desplazarse diariamente.
Aquellos registros de percances previos indican que se han presentado casos donde conductores de plataformas digitales evadieron su responsabilidad financiera tras un accidente. La falta de un respaldo institucional provoca que los afectados deban cubrir de forma particular sus gastos de hospitalización, ante la ausencia de una empresa constituida legalmente que responda por el incidente. Esta desatención ratifica la importancia de optar por medios de traslado que cuenten con un expediente verificado ante las instancias de control.
Sumado a los riesgos mecánicos y legales, existen reportes ante las instancias de procuración de justicia por incidentes de acoso sexual hacia usuarias de estos servicios. La falta de filtros rigurosos en la contratación de choferes dentro de las aplicaciones móviles ha propiciado entornos de inseguridad para las mujeres en el territorio nayarita. Por tal motivo, la recomendación de la autoridad se centra en evitar el uso de estos medios digitales para priorizar la integridad personal y colectiva durante los trayectos urbanos.
