Una filtración sonora difundida por el columnista Héctor de Mauleón pone en entredicho la narrativa de la gobernadora en Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. El material sugiere que la mandataria buscó pactos con autoridades de Estados Unidos, contradiciendo su postura pública de rechazo a negociaciones opacas con agencias extranjeras.
Según el registro magnetofónico, un intermediario que se identificó como asesor del FBI advirtió a la funcionaria sobre el desgaste en la relación con las instituciones norteamericanas. En el intercambio, el sujeto señaló que los agentes sentían que habían perdido el tiempo con ella, ofreciéndole una última ruta para frenar procedimientos judiciales en su contra.
La conversación contó con la presencia de un agente especial, quien notificó a la jefa del Ejecutivo estatal que una procuradora estadounidense ya gestionaba el pliego de cargos. Al conocer ese escenario, Ávila Olmeda preguntó si buscaban su extradición o si podría ser objeto de sanciones por parte de la OFAC, refiere la información publicada originalmente en El Universal.
Ante la presión del panorama legal, la gobernadora manifestó una apertura total para actuar como fuente de información de los organismos de inteligencia. “Yo estoy dispuesta a hablar de todo lo que yo pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar”, habría expresado la mandataria, añadiendo su voluntad de revelar lo escuchado en las mesas de seguridad.
Aquella admisión de contactos previos con el Departamento de Justicia y el FBI se vio empañada por una restricción logística impuesta por la propia Ávila Olmeda. La mandataria fue tajante al negarse a pisar suelo estadounidense bajo la premisa de no querer cruzar la frontera, rechazando incluso la sede del consulado en Tijuana para sus encuentros.
Sugirió, en cambio, que las reuniones se realizaran en la discreción de un hotel, tratando de evitar el rigor de los recintos diplomáticos oficiales. Esta actitud levanta sospechas sobre su estatus migratorio o legal actual, mientras se mantiene en funciones dentro de la administración pública del estado fronterizo.
El respaldo legal de la gobernadora se encuentra centralizado en Florida, bajo la tutela del abogado Michael Nadler. Este jurista, con base en Miami, es reconocido por manejar casos de alto perfil vinculados a procesos federales en la unión americana, lo que otorga una dimensión distinta a la estrategia de defensa de la funcionaria.
