El sector del transporte público en la entidad manifestó su adhesión a las políticas de movilidad que restringen la operación de aplicaciones digitales externas. Esta postura coincide con el desarrollo de una herramienta tecnológica institucional diseñada para que las unidades concesionadas compitan en un entorno regulado y seguro para los usuarios.
Dicha aplicación permitirá a los conductores de vehículos de alquiler operar bajo condiciones de equidad frente a los servicios digitales. Mediante este respaldo oficial, se busca garantizar que el transporte público cuente con el sustento legal necesario para modernizarse sin comprometer la seguridad de los pasajeros ni la estabilidad financiera del gremio.
Precisó Gregorio Haro Amaya, secretario general del Sindicato de Choferes de Taxis, Transporte Urbano y Similares, que estas acciones tecnológicas pretenden frenar la competencia desleal. La implementación de un sistema propio busca revertir los efectos negativos que afectaron la economía de los trabajadores durante los últimos años, priorizando siempre el cumplimiento de la normativa estatal.
Mediante el actual esquema administrativo, se prioriza también la entrega de concesiones a los conductores con mayor tiempo de servicio en el estado. Este modelo de asignación directa elimina la figura del intermediario, asegurando que el patrimonio laboral llegue a quienes han dedicado su vida al volante sin haber tenido acceso previo a un permiso propio.
Relataron integrantes de la organización sindical que en periodos previos la obtención de estos permisos implicaba erogaciones informales considerables. En el pasado, los cobros indebidos por parte de gestores o líderes podían oscilar entre los 100 mil y los 250 mil pesos, generando un entorno de opacidad que sólo beneficiaba a unos cuantos sectores del transporte.
Actualmente, la Secretaría de Movilidad regula la asignación de sitios y permisos mediante reglamentos estrictos que evitan prácticas discrecionales. Al centralizar y formalizar estos trámites, se garantiza que los beneficios sociales se distribuyan de forma justa entre los trabajadores legítimos, eliminando vicios que anteriormente prevalecían en el sector.
Conductores y ciudadanos están convocados a mantener una vigilancia activa para asegurar que las normativas de transporte se respeten en beneficio del orden social. Es fundamental garantizar que los derechos de los choferes sean protegidos, especialmente para quienes por décadas operaron unidades ajenas con la esperanza de alcanzar una estabilidad económica familiar.
Bajo esta nueva dinámica de trabajo, el sindicato observa un panorama de justicia laboral que fortalece a los hogares de los transportistas nayaritas. La suma de innovación tecnológica y transparencia administrativa representa el cierre de una etapa de incertidumbre para abrir paso a un servicio de mayor calidad y legalidad.
