El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, manifestó una profunda falta de certeza respecto a la integridad de las instituciones de seguridad municipal. Existen indicios que sugieren una posible colaboración de diversos agentes con células de la delincuencia organizada, lo cual ha derivado en el inicio de procedimientos legales específicos para sanear estas corporaciones y devolver la tranquilidad a la población.
Investigaciones actuales, coordinadas tanto por la Fiscalía General del Estado como por su homóloga federal, incluyen expedientes contra antiguos elementos que presuntamente fueron detectados en actos de complicidad con grupos criminales. Navarro Quintero puntualizó que estas acciones buscan garantizar que el ejercicio de la función pública recupere la confianza de la ciudadanía mediante la aplicación estricta de la ley y el seguimiento de las carpetas de investigación correspondientes.
Resulta prioritario destacar que estas medidas de depuración interna ya han tenido efectos concretos en la estructura institucional de la entidad. Hasta el momento, se ha concretado la separación de más de 300 empleados adscritos a la fiscalía estatal, tras comprobarse su participación en actos de colusión, lo que subraya la determinación de no tolerar infiltraciones en las áreas encargadas de la procuración de justicia.
Bajo esta premisa de transparencia, todas las plantillas laborales de los ayuntamientos se encuentran sujetas a un esquema de revisión permanente. Las autoridades estatales sostienen que cualquier servidor público debe estar dispuesto a someter su desempeño al escrutinio social, aceptando que la honestidad es un requisito indispensable y obligatorio para mantener su encargo dentro de las fuerzas del orden.
Este esfuerzo de vigilancia se extenderá a los veinte municipios de la geografía nayarita sin excepciones ni privilegios. La meta institucional consiste en identificar y remover de manera definitiva a cualquier perfil que vulnere la seguridad colectiva, transformando la sospecha social en una certeza de rectitud a través de resultados tangibles en el combate a la corrupción institucional.
