La administración estatal confirmó la permanencia de los operativos de seguridad pública en la zona norte de la entidad, tras desestimar una solicitud formal para el retiro de los elementos federales y estatales que actualmente patrullan el municipio de Huajicori. Esta determinación busca garantizar que ninguna región quede vulnerable ante la presencia de grupos delictivos o vacíos de autoridad que comprometan la paz social de los habitantes.
Bajo la perspectiva del titular del Poder Ejecutivo, Miguel Ángel Navarro Quintero, la petición planteada por el ayuntamiento carece de viabilidad operativa y estratégica, toda vez que abandonar el territorio significaría ceder espacios a la delincuencia. A pesar de que los argumentos locales sugerían que la solicitud provenía de una supuesta inquietud ciudadana por la tranquilidad de las familias, el gobierno estatal sostiene que sólo la presencia institucional garantiza el orden.
Representantes del gobierno estatal extendieron un llamado a la claridad institucional hacia el alcalde Sergio Rangel Cervantes, subrayando que no se actuará con ingenuidad ante este tipo de propuestas. La autoridad estatal recalcó que la permanencia de las corporaciones de seguridad responde a una necesidad de protección colectiva que trasciende cualquier interpretación errónea del entorno social o presiones externas que busquen debilitar la vigilancia.
Resulta prioritario destacar que la decisión de mantener el despliegue policial se fundamenta en la detección de posibles redes de colaboración entre agentes locales y estructuras delictivas. Mediante el uso de tecnología avanzada para la recuperación de datos en dispositivos móviles, se han logrado identificar vínculos ilícitos en otros puntos de la entidad que derivaron en detenciones de policías municipales, lo que justifica la supervisión directa en las zonas de mayor conflicto.
Con el objetivo de salvaguardar el estado de derecho, se advirtió que si las corporaciones municipales no ofrecen garantías suficientes para los ciudadanos, el estado asumirá de forma directa la responsabilidad total de la seguridad pública. Esta medida preventiva busca erradicar la complicidad con el crimen organizado y asegurar que las instituciones cumplan estrictamente con su deber de proteger a la población en cada rincón del territorio.
