Ante la serie de hechos registrados el pasado sábado en el Puente Los Lobos de Tepic, el gobernador de Nayarit sostuvo que la entidad debe mantener condiciones de seguridad y afirmó que existe coordinación permanente entre autoridades estatales y federales para atender cualquier situación que pudiera representar un riesgo. Acompañado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Manasés Langarica Verdín, el mandatario aseguró que la población puede continuar realizando sus actividades con tranquilidad y respondió “al cien por ciento, totalmente” al referirse a las condiciones de seguridad en el estado.
“Nayarit no puede ser una plaza en disputa, es un territorio garantizado constitucionalmente por la autoridad. Tenemos que hacer presencia el Gobierno Federal, el Gobierno Estatal”, expresó el mandatario al referirse a la respuesta institucional ante posibles escenarios de confrontación. El gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero asegura que el territorio nayarita carece de zonas bajo control delictivo en disputa, debido a que la entidad se encuentra protegida por la presencia activa de corporaciones de los tres niveles de gobierno. Esta estructura de defensa institucional funciona como un muro preventivo que inhibe la penetración de grupos externos, garantizando que el orden público prevalezca en las cabeceras municipales y comunidades rurales. Mediante el uso de herramientas de inteligencia que operan sin interrupción las 24 horas del día, Navarro Quintero destacó que se detectan amenazas potenciales de forma anticipada para evitar afectaciones sociales.
El objetivo primordial de estas labores técnicas es la capacidad de respuesta inmediata ante cualquier indicio de riesgo, priorizando siempre la integridad de las familias por encima de cualquier otro interés. Aunque se admite la existencia de demarcaciones con mayor vulnerabilidad en materia de seguridad, las tareas de patrullaje y monitoreo son constantes en esos puntos críticos. Las instituciones estatales y federales han intensificado su presencia en las zonas identificadas con mayor incidencia para impedir que se altere la convivencia armónica de los habitantes. Actualmente, la seguridad se considera un eje fundamental para atraer inversiones y ofrecer certidumbre a quienes eligen el estado como destino de descanso o residencia.
La paz pública es vista como la condición mínima necesaria para el desarrollo económico, por lo que la estrategia de protección integral se mantiene como una prioridad absoluta en la gestión de recursos y personal. Incidentes de violencia intrafamiliar y riesgos contra la integridad de los menores de edad representan otra vertiente prioritaria en la agenda de protección social.
Existe una preocupación latente por los casos donde la vulnerabilidad de la infancia ha sido expuesta, lo que obliga a las instituciones a redoblar esfuerzos en la detección temprana de agresiones dentro del núcleo familiar. El respaldo a las labores del sistema asistencial estatal se complementa con la participación activa de la Fiscalía General y el Poder Judicial en la creación de entornos seguros para las infancias. Estas dependencias trabajan de manera coordinada para asegurar que los procesos de justicia y acompañamiento a las víctimas sean ágiles, evitando la revictimización y garantizando el interés superior del menor.
Mantendrán la evaluación periódica de estas estrategias en las mesas de coordinación técnica, garantizando el flujo de información oportuna hacia los habitantes sobre la situación de la entidad. El compromiso institucional es sostener una comunicación permanente entre las autoridades responsables para ajustar los operativos conforme a las necesidades que dicte el pulso diario de la seguridad pública.
