Más de trescientas personas adscritas a las áreas docente y administrativa del Colegio de Bachilleres del Estado de Nayarit participaron en un proceso de actualización normativa integral. La jornada se centró en la aplicación de principios éticos y la consolidación de conductas transparentes dentro del servicio público, garantizando que el desempeño institucional se mantenga bajo los más altos estándares de honestidad y compromiso con la sociedad.
Bajo la directriz del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, se busca que la cultura de la legalidad sea un pilar fundamental en la formación académica y operativa de la entidad. Esta política de integridad pública pretende erradicar prácticas indebidas mediante la concientización del personal, priorizando que cada decisión administrativa se tome con estricto apego al marco jurídico vigente para asegurar el correcto funcionamiento de los centros educativos.
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción de Nayarit facilitó herramientas metodológicas diseñadas para identificar y prevenir posibles actos que vulneren la probidad institucional. Los especialistas de este organismo destacaron la importancia de la rendición de cuentas como una obligación profesional, permitiendo que los trabajadores del sistema de bachillerato cuenten con criterios claros para el cumplimiento ético de sus labores diarias en beneficio de los estudiantes.
Estas acciones de formación técnica refuerzan la vigilancia sobre los procesos internos y promueven un entorno de confianza mutua entre la institución y la ciudadanía. La formación en valores éticos permite que el cuerpo administrativo actúe con responsabilidad ante los retos de la gestión gubernamental, asegurando que los recursos y trámites educativos se manejen con total apertura y sólo bajo los lineamientos que marca la ley.
Incorporar estos programas educativos contribuye a profesionalizar el servicio civil en todos los niveles del sistema estatal. Con la capacitación constante, el organismo educativo se posiciona como una estructura sólida que privilegia la transparencia, estableciendo un precedente de buena conducta que debe replicarse en todas las dependencias del aparato público para consolidar una administración eficiente y respetuosa de sus obligaciones.
