Hay dos cuentas de los muertos de 2025 y no coinciden. El INEGI, a partir de actas de defunción y certificados forenses, contabilizó 27 mil 989 homicidios; el Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que suma las carpetas que abren las fiscalías, reportó 24 mil 344. La diferencia, 3 mil 645 muertes, equivale a un 15% más en el registro del órgano estadístico que en el del gobierno, y es la brecha más ancha entre ambas fuentes de la que se tiene memoria. Sobre ese desajuste construye Camarena un reclamo sencillo, ya es hora de discutir las cifras.
El punto llega en un momento incómodo para Palacio. Esta semana la presidenta volvió a presumir una caída del 51 por ciento en los homicidios desde octubre de 2024, un número espectacular que, señala el columnista, casi no se explica. Conviene añadir de dónde sale la distancia entre ese 51 por ciento y lo que ve el ciudadano. La cifra del gobierno compara el mes más violento del arranque del sexenio con uno reciente, y usa la base del Secretariado; la comparación anual del propio INEGI, de 2024 a 2025, arroja una baja más modesta, del orden del 16 por ciento. Las dos cosas pueden ser ciertas a la vez, y por eso el método importa tanto como el resultado.
Camarena no niega el descenso, que ambas fuentes confirman. Lo que le molesta es que el reporte quincenal del Gabinete de Seguridad, siempre a la baja, se haya vuelto una «varita mágica que explica sin explicar»: la estrategia funciona, viene a decir el gobierno, porque los datos del gobierno dicen que funciona. En una presidenta de formación científica, apunta con filo, esa lógica circular sorprende, porque a los buenos números no los ha acompañado una defensa pública del cómo se obtienen ni de por qué bajó el delito, y no solo la estadística.
La parte más sólida del texto es la que discute los argumentos oficiales sin caricaturizarlos. Marcela Figueroa, titular del Secretariado y colaboradora de Omar García Harfuch, ha ofrecido dos respuestas razonables: que las bases del INEGI y del Secretariado midan distinto es normal, ocurre en otros países, porque una parte de actas de defunción y la otra de carpetas de fiscalía; y que cada registro debe compararse consigo mismo, sin mezclar peras con manzanas. Camarena concede lo segundo y desmonta lo primero. El consuelo del comparativo internacional, dice, no viene al caso en un país que discute su violencia desde 2006, y la explicación metodológica no alcanza para justificar que en el Estado de México el INEGI cuente mil homicidios más que el Secretariado, 2 mil 575 frente a mil 575, una zona de sombra de más de un tercio en una sola entidad.
Debajo de la disputa de decimales hay un asunto de fondo que el columnista deja apenas insinuado y conviene subrayar. La base del Secretariado depende de que una fiscalía abra carpeta y clasifique un cuerpo como homicidio doloso; la del INEGI, sólo de que exista un cadáver certificado. Por eso los especialistas advierten que el registro oficial tiende a dejar fuera a los desaparecidos cuyo cuerpo no aparece, y a los restos hallados en fosas, categorías que en México no son marginales. Cuando las desapariciones aumentan mientras los homicidios registrados caen, la foto de la violencia se vuelve, cuando menos, incompleta.
Lo que Camarena pide, en realidad, ya lo vienen pidiendo otros. Enumera a un coro que rara vez coincide: el académico Ernesto López Portillo, que reclama evidencia independiente para saber si la violencia bajó o sólo cambió de forma; el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero, que recuerda que sin datos confiables no hay manera de evaluar qué funciona; México Evalúa, que echa en falta ejercicios serios de evaluación; y Causa en Común, que documentó posibles subregistros en feminicidio, extorsión o secuestro, como los cinco feminicidios que Puebla reportó frente a los quince asesinatos de mujeres con extrema crueldad que la organización contó por su cuenta. A esa lista suma el trabajo de un diario de Culiacán que halló 133 homicidios con lugar, fecha y circunstancia que no figuraban en los informes de la fiscalía sinaloense.
El gobierno, viene a decir el columnista, tiene una oportunidad y la está desperdiciando. Construyó un método a ensayo y error, cuenta con las horas y los reflectores para defenderlo, y sin embargo prefiere el monólogo de la mañanera al debate público sobre cómo se cuentan los crímenes. La pieza no acusa de manipulación, y hace bien en no hacerlo sin pruebas; se queda en algo más difícil de responder, que un logro que se presume irrefutable pierde fuerza justo cuando su autor se niega a someterlo a examen.
Al final, lo que está en juego no es el marcador de una polémica entre siglas. Es saber si México mata hoy a menos gente o si algunos de sus muertos cambiaron de casilla, de la de homicidio a la de desaparición, o de la carpeta a la nada. La baja parece real; la duda, legítima. Y despejarla, como sugiere el texto, dependerá menos de repetir el 51 por ciento que de abrir por fin los números y dejar que otros los cuenten.
