Las estrategias gubernamentales para erradicar las agresiones de género enfrentan una barrera de impunidad en las profundidades de la sierra nayarita. María Belén Muñoz Barajas, diputada local por MORENA, señaló que en demarcaciones como Del Nayar y La Yesca persisten reportes de hostilidad contra las mujeres de pueblos originarios. Esta situación evidencia que la difusión institucional aún no logra desarticular las estructuras de violencia arraigadas en las zonas más apartadas del territorio.
Ante este panorama, se han intensificado las jornadas de formación orientadas a sectores femeninos y población infantil en las comunidades indígenas. La legisladora explicó que estas capacitaciones buscan dotar de herramientas conceptuales a las habitantes para que identifiquen conductas abusivas y dejen de normalizar el maltrato. El objetivo es empoderar a la ciudadanía serrana para que rompa el silencio frente a prácticas que vulneran su integridad física y psicológica.
El cumplimiento de estas metas requiere de una participación más activa por parte de las autoridades locales en las serranías. Muñoz Barajas enfatizó que los ayuntamientos ostentan la responsabilidad de actuar como primeros respondientes en casos de emergencia por violencia de género. Sostuvo que el marco legal obliga a los municipios a brindar atención inmediata, pues son ellos quienes tienen el contacto primario con las víctimas en el entorno rural.
Uno de los desafíos más complejos radica en la resistencia a denunciar formalmente a los agresores debido a factores culturales y sociales. Todavía existe un tema machista donde las mujeres creen que deben soportar acciones que las denigren por su condición de género, precisó la representante popular. Bajo este criterio, urge difundir que cualquier acto de violencia contra la mujer es un delito que se castiga sólo con cárcel en la entidad.
La consolidación de una vida libre de violencia para las etnias nayaritas depende de la coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno. Mientras la justicia no sea accesible y tangible en la montaña, los esfuerzos legislativos seguirán topando con paredes de usos y costumbres mal entendidos. Resulta imperativo que la vigilancia institucional se traslade de los discursos a los hechos para proteger efectivamente a los grupos más vulnerables de la entidad.
