Puerto Vallarta, la ciudad jalisciense estrechamente vinculada económica, turística y socialmente con Bahía de Banderas, enfrenta un nuevo escándalo por el manejo de sus recursos públicos. Una investigación de la regidora independiente Melissa Madero señala un crecimiento descontrolado de la nómina municipal durante el gobierno del alcalde Luis Ernesto Munguía González.
De acuerdo con la edil, el Cabildo autorizó para 2026 una plantilla de 2 mil 707 plazas, pero actualmente existirían 3 mil 375 puestos activos: 668 más de los aprobados. Ese excedente representaría un sobrecosto anual de 151 millones 954 mil 385 pesos.
Una revisión realizada por Meridiano al Portal de Transparencia del Ayuntamiento confirmó que la Plantilla Laboral 2026 establece oficialmente 2 mil 707 plazas, con un costo anual estimado de 758 millones 483 mil pesos.
La diferencia más evidente aparece en la oficina del propio presidente municipal. El documento aprobado por el Cabildo contempla únicamente 18 plazas para Presidencia, con un presupuesto anual de 12 millones 204 mil pesos. Sin embargo, la nómina correspondiente a la segunda quincena de julio registra 117 personas cargadas directamente a esa dependencia.
Según la investigación presentada por Madero, el gasto real de Presidencia habría aumentado a 38.9 millones de pesos anuales. Al sumar Secretaría Particular, Despacho de Presidencia y Coordinación de Asesores, la estructura alcanza 151 trabajadores y un costo de 52 millones 151 mil pesos al año.
Entre ese personal se encontrarían 88 asistentes y auxiliares, ocho gerentes, cuatro analistas y dos coordinadores. Otros 45 trabajadores estarían destinados a la organización de giras y actividades oficiales del alcalde, con un gasto anual superior a 10.6 millones de pesos.
A esos recursos se sumarían 4 millones 548 mil pesos destinados a la seguridad privada de Munguía, cantidad que no está incluida en los 52.1 millones calculados para la operación de sus oficinas.
La regidora también identificó, mediante otra clasificación de la nómina, 778 puestos no contemplados en la estructura presupuestada, principalmente asistentes, auxiliares y coordinadores, cuyo costo anual ascendería a 179 millones 731 mil pesos. Estas categorías pueden coincidir parcialmente con el excedente general de plazas, por lo que las cantidades no deben sumarse automáticamente.
El mayor riesgo financiero se encontraría en la nómina eventual. Para todo 2026 fueron autorizados 100 millones de pesos, pero, según Madero, solamente la primera quincena de agosto representó un desembolso de 12 millones 134 mil pesos.
De mantenerse ese ritmo, el gasto anual llegaría a 291 millones 226 mil pesos, lo que significaría un sobreejercicio de 191.2 millones respecto de lo presupuestado.
El crecimiento del personal administrativo contrasta con la reducción de trabajadores en las dependencias encargadas de atender los servicios públicos. La investigación sostiene que Seguridad Ciudadana opera con 179 elementos menos de los previstos, una disminución de 20 por ciento; Parques y Jardines presenta una reducción de 67 por ciento y el Relleno Sanitario perdió 16 por ciento de su plantilla.
Mientras el gobierno municipal mantiene decenas de asistentes y personal para las giras del alcalde, Puerto Vallarta tendría solamente un técnico para atender toda la red de semáforos, además de carencias de equipo para el desazolve del drenaje y falta de especialistas para la atención de mujeres víctimas de violencia.
Madero también señaló la posible existencia de “aviadores” en la administración y anunció que entregará el expediente ante la Contraloría Municipal. Si no obtiene una investigación y una respuesta satisfactorias, adelantó que acudirá a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Jalisco.
El artículo 148 del Código Penal de Jalisco considera peculado que un servidor público autorice o consienta la inclusión y el pago en una nómina oficial de personas que reciben un salario sin desempeñar sus servicios.
La existencia de plazas adicionales, sin embargo, no demuestra por sí misma la comisión de ese delito. Las autoridades deberán determinar si hubo trabajadores que cobraron sin laborar, comprobar el posible desvío de recursos y establecer quiénes autorizaron las contrataciones y los pagos.
La regidora señaló como posibles responsables administrativos al alcalde, al titular de la Tesorería y a la Oficialía Mayor, por ser las áreas que intervienen en la contratación, autorización y pago del personal.
Hasta el cierre de esta edición, el presidente municipal y el Ayuntamiento de Puerto Vallarta no habían difundido una respuesta específica a las cifras presentadas por Melissa Madero. Meridiano mantiene abierto el espacio para que las autoridades municipales aclaren el crecimiento de la plantilla y el destino de los recursos públicos señalados.
