Andrés Manuel “Andy” López Beltrán y su hermano Gonzalo volvieron a colocarse bajo escrutinio público después de ser captados en una extensa reunión con empresarios en un exclusivo restaurante de la colonia Condesa, en la Ciudad de México.
El encuentro ocurrió el 24 de agosto en el restaurante Magazzino y se prolongó durante al menos cinco horas, de acuerdo con información publicada por el periodista Héctor de Mauleón en El Universal.
A la mesa asistieron Daniel Asaf, exjefe de la Ayudantía de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador; Juan Domingo Beckmann, presidente ejecutivo de la compañía vinculada con José Cuervo e integrante del Consejo Asesor de Desarrollo Económico de la presidenta Claudia Sheinbaum, y Mauricio Garduño, empresario relacionado con el sector tecnológico.
Según el reporte periodístico, el establecimiento fue cerrado para los asistentes, mientras varias camionetas con personal de seguridad permanecieron afuera. Durante la reunión se habría consumido una botella de vino cuyo precio comercial oscila, dependiendo de la añada, entre 16 mil y 24 mil pesos.
Reunirse con empresarios no representa por sí mismo una conducta ilegal. El cuestionamiento surge por la opacidad, la relevancia de los participantes y la contradicción entre la austeridad defendida durante años por López Obrador y el estilo de vida exhibido recurrentemente por sus hijos.
También resulta legítimo preguntar qué asuntos pueden convocar durante cinco horas a dos integrantes de la familia política más poderosa de México, a un antiguo operador presidencial y a empresarios con intereses económicos de gran escala.
Andrés Manuel López Beltrán no es solamente hijo del expresidente. Fue secretario de Organización de Morena y renunció al cargo para buscar una diputación federal en 2027. Su actividad privada, por tanto, tiene una evidente dimensión pública y política.
La reunión ocurre, además, en medio de cuestionamientos sobre las relaciones empresariales construidas alrededor de los hermanos López Beltrán y de investigaciones periodísticas que han documentado contratos gubernamentales obtenidos por personas de su círculo cercano. Hasta ahora, tales señalamientos no han derivado en una sentencia contra los hijos del expresidente.
La oposición exigió que los participantes expliquen el propósito del encuentro. La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, consideró necesaria una aclaración pública, mientras que Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, sostuvo que conversar y reunirse es algo normal y que solamente la Fiscalía puede determinar la existencia de alguna conducta ilícita.
Tiene razón Monreal en que una fotografía no prueba un delito. Pero tampoco puede utilizarse la ausencia de una acusación penal para cancelar el derecho ciudadano a preguntar.
Durante décadas, López Obrador cuestionó las reuniones privadas entre políticos y empresarios porque las consideraba espacios donde podían mezclarse negocios e influencia pública. Ahora corresponde a sus hijos demostrar que su encuentro no reproduce precisamente aquellas prácticas que su padre prometió desterrar.
La transparencia no debe exigirse únicamente a los adversarios. También comienza en casa.
