Un panorama de marcados contrastes definen la situación de seguridad para las mujeres en Nayarit al cierre del séptimo mes de 2026. Mientras los registros de carpetas de investigación posicionan a la entidad en los niveles más bajos de incidencia delictiva a nivel nacional, los reportes ciudadanos a través de las líneas de emergencia sugieren una realidad distinta en los hogares y espacios públicos. Esta disparidad estadística plantea el reto de transformar el reporte telefónico inicial en un proceso judicial sólido que garantice el acceso a la justicia.
Conforme a las gráficas vectoriales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el estado se ubica en el último lugar nacional en delitos de feminicidio, con sólo un caso registrado durante el periodo que comprende de enero a julio. Esta tendencia se replica en el rubro de homicidio doloso, donde la entidad ocupa el penúltimo sitio federal. Dichas cifras reflejan una contención en los delitos que atentan contra la vida, manteniendo tasas significativamente menores a la media del país.
Datos procesados de la incidencia delictiva general muestran que el territorio nayarita también se mantiene en los puestos finales de la tabla nacional en delitos como secuestro, trata de personas y tráfico de menores, donde los registros permanecen en cero. En cuanto a las lesiones dolosas y la extorsión, el estado figura entre los últimos cinco lugares, lo que estadísticamente sugiere una baja frecuencia de agresiones físicas denunciadas formalmente ante la autoridad ministerial en comparación con otras regiones del país.
Aquellas conductas que atentan contra la libertad y la seguridad sexual presentan el primer indicio de la brecha informativa. Aunque las denuncias por violación simple o equiparada colocan a la entidad en el lugar 28 de 32 estados, las llamadas al número de emergencias 911 por este mismo concepto sitúan a la región en la quinta posición nacional. Esta diferencia resalta que la población acude al auxilio inmediato, pero existe un tramo pendiente para que esos eventos se conviertan en procesos de investigación oficial.
Alrededor del acoso y el hostigamiento sexual, la tendencia es similarmente elevada en la percepción de auxilio. Nayarit se posiciona en el octavo lugar del país en reportes telefónicos por estos incidentes, con una tasa de diez llamadas por cada cien mil habitantes, cifra que supera el promedio nacional de seis puntos. El mismo fenómeno ocurre con el abuso sexual, donde la frecuencia de pedidos de ayuda por la línea 911 se mantiene por encima de los niveles federales registrados.
Existe una preocupación particular en el ámbito de la convivencia en el hogar, donde la violencia familiar se manifiesta con mayor fuerza a través del sistema de emergencias. En este rubro, la entidad escala hasta el noveno puesto nacional, registrando una tasa de casi 400 llamadas por cada cien mil habitantes. Este volumen de actividad telefónica es un 65 por ciento superior a la media en el resto de la nación, evidenciando que las personas en las comunidades nayaritas identifican la agresión doméstica como su principal motivo de alerta.
Bajo este escenario, los indicadores de violencia de pareja también muestran una paridad con la estadística nacional, sumando más de mil cuatrocientos llamados de auxilio en lo que va del año. La consistencia de estos reportes en el 911 subraya una cultura de búsqueda de apoyo inmediato ante situaciones de crisis. No obstante, la transición de este contacto inicial hacia la denuncia formal sigue siendo el punto donde las estadísticas judiciales presentan los números más reducidos en el país.
Lograr que la seguridad se traduzca en una reducción efectiva de las agresiones requiere una mirada integral sobre estas cifras de auxilio ciudadano. La baja incidencia de carpetas de investigación es un indicador positivo de la paz pública, pero el constante flujo de peticiones de auxilio por violencia familiar y delitos sexuales marca la ruta para las políticas de prevención. Atender el origen de estas llamadas permitirá fortalecer el tejido social y asegurar que la tranquilidad reportada en las actas coincida plenamente con la vivencia cotidiana de los habitantes.
