El fortalecimiento de la prevención jurídica y la seguridad patrimonial para el personal docente y administrativo representa una prioridad en la agenda de vinculación institucional. A través de una nueva alianza estratégica, se establecieron las bases para que los integrantes de la comunidad universitaria accedan a programas de orientación especializada sobre trámites sucesorios, garantizando el resguardo de sus bienes y la tranquilidad de sus familias.
Mediante la implementación de foros, conferencias y reuniones informativas, se busca resolver dudas legales y proporcionar datos precisos sobre la importancia de formalizar las disposiciones testamentarias. Estas acciones conjuntas permiten que los interesados cuenten con el respaldo técnico necesario para tomar decisiones informadas, transitando hacia un modelo de mayor transparencia y apego a la normatividad civil vigente en la entidad.
Tal esfuerzo de coordinación permitirá transitar como institución bajo principios de ética y legalidad, señaló la rectora de la Universidad Autónoma de Nayarit, Norma Liliana Galván Meza. La titular de la casa de estudios enfatizó que este convenio abre horizontes para trabajar desde diversas disciplinas, integrando servicios como las prácticas profesionales y proyectos de investigación que refuercen los vínculos entre la academia y el ejercicio del derecho notarial.
Asimismo, el presidente del Colegio de Notarios del Estado de Nayarit, Rafael Pérez Cárdenas, manifestó que esta suma de voluntades contribuye de forma directa al beneficio de los trabajadores universitarios. El representante del gremio invitó a los interesados a solicitar asesoría personalizada, resaltando la disposición de los fedatarios para actuar como facilitadores en la resolución de conflictos jurídicos y la protección del patrimonio personal.
Durante el periodo correspondiente a la campaña nacional de septiembre, los universitarios podrán acceder a reducciones significativas en los costos de honorarios, asegurando que el trámite cuente con tarifas accesibles. Este beneficio busca incentivar que la previsión se convierta en un hábito social, permitiendo que la seguridad jurídica deje de ser percibida como un proceso complejo y sea vista como un acto de responsabilidad familiar.
Esta sinergia entre el sector educativo y los especialistas del derecho consolida un esquema de protección que favorece tanto a empleados en funciones como a jubilados. Al establecer alianzas de esta naturaleza, se garantiza que la máxima casa de estudios no sólo cumpla con sus fines académicos, sino que también actúe como un ente facilitador de servicios que mejoren la calidad de vida y el entorno legal de todos sus integrantes.
