Una autoridad ambiental debe saber dónde hace más falta. Por eso resulta aberrante que Profepa en Nayarit dedica esfuerzos a revisar casas particulares de ciudadanos que conservan animales durante décadas con todos sus permisos en regla, mientras el estado enfrenta obras turísticas irregulares, afectaciones al manglar, granjas camaroneras que operan irregularmente con impunidad y el atroz saqueo de huevos de tortuga, entre otros graves y reales problemas ambientales.
Ese es el cuestionamiento central a la gestión de Roberto Rodríguez Medrano: cómo decide las prioridades de su oficina. ¿Qué recursos se destina a prevenir y detener daños de mayor alcance?
La ineficacia, la torpeza y la indolencia deben examinarse precisamente ahí: en las decisiones de una autoridad, en su capacidad para distinguir riesgos y en los resultados que obtiene. Tener inspectores ocupados no basta para demostrar que se está protegiendo el ambiente.
El daño al medio ambiente por empresas que construyen irregularmente ni para en Nayarit. Pareciera que los sobornos están al por mayor. Los casos obligan a esclarecer cómo funciona la vigilancia mientras se ejecutan esas obras destructoras y qué hace Profepa dentro de sus atribuciones.
En las granjas camaroneras, Rodríguez Medrano informó de más de diez procedimientos y de órdenes de restauración en dos casos vinculados con daños al manglar. Hay intervenciones que deben reconocerse. Pero su eficacia depende de lo ocurrido después: qué actividades se detuvieron, qué medidas se cumplieron y qué sitios fueron efectivamente restaurados.
Un expediente no repara un manglar. Una orden sin cumplimiento comprobado deja pendiente la obligación principal. La autoridad tiene que mostrar resultados en el terreno y responder por el seguimiento de sus propias resoluciones.
La extracción ilegal de huevos de tortuga también sigue apareciendo en los reportes. En septiembre se difundieron dos aseguramientos por hechos ocurridos durante agosto en Bahía de Banderas y Compostela, detectados por policías estatales y atendidos posteriormente por Profepa. Son acciones necesarias que también plantean preguntas sobre la vigilancia preventiva y la protección de los nidos.
Frente a esas necesidades, revisar las prioridades institucionales es indispensable. El tiempo de los inspectores, los vehículos y el presupuesto deben distribuirse conforme a riesgos y criterios claros. Cada actuación tiene que poder justificarse.Y si esa insistencia desplaza la atención de daños mayores, estaríamos ante una inversión absurda de prioridades.
Mariana Boy debe tomarlo como una llamada de atención directa. La titular nacional de Profepa tiene que revisar cómo conduce Rodríguez Medrano la oficina de Nayarit: qué denuncias atiende primero, cuáles permanecen pendientes, cuánto tarda en intervenir y qué resultados consigue.
Si se confirma una atención desproporcionada sobre hogares cumplidos mientras se postergan riesgos graves, las palabras tendrían un fundamento concreto: ineficacia para proteger, torpeza para distribuir recursos e indolencia frente a lo urgente.
Rodríguez Medrano debe responder con resultados. Mariana Boy debe exigirlos y corregir las fallas que encuentre. Nayarit necesita una procuraduría que concentre su capacidad donde existe daño y que ofrezca certeza a quienes cumplen.
