Primero fue el agua. Tras el paso del huracán Rachel, las imágenes del oleaje golpeando edificios frente al océano en San Pancho, Nayarit, recorrieron las redes y los noticieros. Entre las construcciones expuestas estaba Punta Paraíso, el desarrollo inmobiliario que desde hace años divide a la comunidad. Este 7 de octubre llegó el segundo golpe, esta vez en un tribunal.
En la Ciudad de México, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió por unanimidad negar el amparo a Pacific Lifestyle Properties, S.A. de C.V., la empresa detrás del proyecto. Con esa decisión quedaron firmes las sanciones que impuso la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por ocupar la Zona Federal Marítimo Terrestre y terrenos ganados al mar. Según la Profepa, el litigio duró seis años.
La sentencia obliga a la empresa a devolver a su estado base mil 466.008 metros cuadrados de terrenos ganados al mar, lo que implica demoler lo construido. También deberá pagar una multa de 96 mil 220 pesos. Las obras identificadas como “Edificio A denominado Torre 1” y “Edificio B denominado Torre 2” pasarán a ser propiedad de la Nación.
La historia oficial empieza el 13 de agosto de 2009, cuando la Semarnat entregó una concesión por mil 469.92 metros cuadrados de zona federal, con una condición clara, mantener la superficie en su estado natural. En marzo de 2014, una resolución amplió la superficie a 2 mil 534.003 metros cuadrados por los terrenos ganados al mar y fijó el uso en actividades de esparcimiento y ornato. Ese uso no podía cambiarse por ningún otro.
Lo que la Profepa encontró años después fue distinto. Una visita de inspección iniciada el 1 de diciembre de 2021 constató que la empresa ocupaba mil 466.008 metros cuadrados de terrenos ganados al mar, donde se habían levantado edificaciones. El 15 de agosto de 2022, la autoridad emitió la resolución que fijó las sanciones y ordenó reparar el daño. Trece días después, el 28 de septiembre, la desarrolladora promovió un juicio de nulidad.
Pero el conflicto no nació en una oficina. En 2017 y 2018, habitantes y ambientalistas de San Pancho salieron a protestar contra el desarrollo. En 2018, cerca de mil personas se manifestaron y denunciaron afectaciones a la playa y a una zona que las tortugas usan para desovar. La Profepa también documentó procedimientos por elementos instalados en terrenos ganados al mar. En 2019, un tribunal federal aceptó un amparo promovido por vecinos contra la manifestación de impacto ambiental del proyecto.
La ruta judicial de la empresa tampoco le dio resultado. El 6 de mayo de 2025, la Primera Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconoció la plena validez de la resolución de la Profepa. La desarrolladora acudió entonces al amparo, el último recurso que acaba de cerrarse.
“Este fallo es una importante victoria para la comunidad de San Pancho y para la justicia ambiental”, afirmó la procuradora federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy Tamborrell. Dijo que la decisión permite proteger el ecosistema, recuperar la superficie afectada y salvaguardar los bienes nacionales.
Ahora queda lo más difícil, la ejecución. La resolución establece qué debe hacerse, pero el comunicado de la Profepa no precisa plazos ni el calendario de la demolición. La dependencia solo adelantó que seguirá vigilando el cumplimiento de la ley en obras que afecten la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar.
Para la comunidad que protestó hace casi una década, el fallo llega con el mar todavía fresco en la memoria. Para la empresa, el camino jurídico se agotó. No se localizó una postura de Pacific Lifestyle Properties sobre la resolución.
