Dra. Lucía Pérez Sánchez*
En la actualidad, al navegar por las redes sociales o caminar por las calles de la ciudad que habites, es común notar una inquietante proliferación de ofertas de “sanación emocional” o terapias alternativas. Hoy, cuando la salud mental es una urgencia social, el intrusismo se ha vuelto un riesgo cotidiano. Se confía el sufrimiento psíquico a personas sin preparación, pero también existe una grave confusión profesional: la creencia de que obtener una licenciatura en psicología convierte a alguien automáticamente en psicoterapeuta.
La realidad es muy distinta. Para ejercer la psicoterapia se requiere una formación de posgrado especializada y rigurosas horas de supervisión clínica a cargo de profesionales con experiencia. De hecho, en diversos estados de la República Mexicana la legislación ya prohíbe expresamente brindar psicoterapia contando únicamente con la licenciatura. Ofrecer servicios clínicos sin estas credenciales adicionales, o sin título alguno, constituye una usurpación de profesión que vulnera el derecho a una atención basada en evidencia.
Frente a este escenario, las Instituciones de Educación Superior (IES) que forman recursos humanos en psicología no son simples espectadoras. Tienen la autoridad moral y académica para actuar como observadores críticos y señalar con firmeza cuando ocurre esta usurpación en la sociedad. Su deber es defender los límites de la profesión y garantizar que la salud mental no sea un campo abierto a la improvisación.
Por supuesto, las instituciones educativas tienen un compromiso ineludible con su entorno, sobre todo ante una realidad innegable: el sector público no cuenta con suficientes psicólogos para dar abasto a la inmensa necesidad social en salud mental. Es aquí donde la labor del servicio social resulta crucial. Quienes lo prestan ya no son simples estudiantes, sino egresados que han concluido sus créditos académicos y dedican un año completo a devolverle a la sociedad su esfuerzo, aplicando sus conocimientos para atender problemas urgentes de forma respetuosa y ética.
En este acercamiento a la realidad comunitaria, los prestadores de servicio realizan un trabajo valiosísimo de orientación y contención socioemocional. Sin embargo, para garantizar una buena praxis, esta intervención nunca debe ser un ejercicio aislado ni autónoma. Exige invariablemente la guía de un responsable: un profesional de la psicología debidamente acreditado con cédula y formación clínica, que supervise el proceso, vele por el bienestar de la población y sostenga el acompañamiento formativo del egresado.
En el marco del reciente Día Mundial de la Salud Mental, resulta indispensable dar un paso más allá de la concientización. Hoy la sociedad comprende mejor que nunca la importancia de buscar apoyo psicológico, pero nos hace falta una verdadera alfabetización ciudadana sobre nuestros derechos en este ámbito. Como usuarios, tenemos el derecho inalienable de exigir que quien nos atiende cuente con las credenciales y la cédula profesional correspondientes. A su vez, el egresado de Psicología en servicio social tiene el pleno derecho de exigir a su institución el soporte y la supervisión clínica calificada, pues este acompañamiento es vital para presentarse ante la sociedad con ética y responsabilidad.
Toda institución educativa está llamada a ser el primer bastión de respeto a los perfiles disciplinares que ella misma acredita. Defender este rigor técnico y exigir las credenciales adecuadas para cada nivel de atención no es un simple formalismo gremial; es la única garantía de que el derecho ciudadano a la salud mental se proteja con verdadera responsabilidad.
*Presidenta de la Sociedad Nayarita de Psicología A.C.
