Bajo el argumento de proteger los huertos contra plagas inexistentes en sus fronteras, grupos de agricultores michoacanos ejecutaron un golpe de mano comercial al retener y destruir cargamentos de aguacate provenientes de entidades vecinas. Aquella quema y sepultura de 52 toneladas de fruta en San Francisco Peribán encendió alertas inmediatas en uno de los sectores agroindustriales más lucrativos del país, dejando al descubierto una maniobra proteccionista disfrazada de cerco sanitario.
Organizaciones de productores montaron retenes carreteros entre el 28 y el 29 de octubre para interceptar camiones procedentes de Jalisco, Nayarit y Colima. Conforme a las declaraciones de los propios manifestantes, la fruta transportaba supuestas infestaciones de gusanos barrenadores de hueso y ramas, agentes biológicos que comprometen la salud de los árboles y la producción agrícola regional.
Uno de los decomisos más cuantiosos involucró a una unidad con 26.6 toneladas originarias de Zapotlán el Grande, Jalisco. Dicho envío se dirigía a las instalaciones de la empresa Grupo West Pak de México, ubicadas en Uruapan, con la intención formal de procesar la cosecha para su exportación hacia el mercado de Estados Unidos.
Pese a los trámites comerciales en curso, los inconformes trasladaron el producto hacia San Francisco Peribán para proceder a su incineración y posterior confinamiento bajo tierra. El acto se consumó sin la mediación de un protocolo avalado por técnicos certificados, consumando la pérdida total de la carga ante la mirada pasiva de los cuerpos de seguridad.
Detrás de este celo fitosanitario late una confrontación netamente monetaria. La movilización coincidió con la presión sistemática de los agricultores locales para evitar la saturación de los empaques con producto foráneo, una práctica que deprime la cotización del aguacate michoacano. La consigna en las carreteras resulta categórica: fijar una tarifa mínima de 40 pesos por kilogramo para la producción local antes de tolerar fruta externa.
Dicha pugna comercial se desenvuelve en un territorio asediado históricamente por organizaciones criminales. Quienes laboran en las distintas etapas de la cadena productiva conocen de cerca el impacto del cobro de piso, las amenazas y el chantaje sistemático que padecen agricultores, cuadrillas de corte, transportistas y propietarios de empacadoras en los municipios aguacateros.
Informes gubernamentales dieron cuenta en meses pasados sobre la aprehensión de sujetos dedicados a la extorsión en este gremio. Semejante antecedente despierta sospechas legítimas sobre las fuerzas fácticas que operan tras el control logístico en las carreteras michoacanas, aunque hasta la fecha las autoridades carecen de indicios periciales que vinculen a grupos delictivos con los retenes o la quema de los cargamentos.
Persisten también severas dudas sobre la actuación omisa de las instituciones de sanidad vegetal. Ninguna dependencia oficial ha exhibido un dictamen técnico que compruebe la presencia de barrenadores en las 52 toneladas destruidas, sumado a que se desconoce qué funcionario facultó a civiles para incinerar mercancía privada sin un acta administrativa de por medio.
Cualquier contingencia sanitaria demanda rigor científico, tomas de muestra y procedimientos jurídicos ejecutados estrictamente por inspectores autorizados. En este caso, la ley agraria quedó desplazada por el arbitrio de particulares que asumieron funciones policiales y sanitarias en las vías de comunicación.
Permanece abierta la interrogante central sobre el verdadero rumbo del sector agropecuario en la entidad. La frontera entre una legítima inquietud fitosanitaria y la imposición de aduanas clandestinas para controlar cupos de exportación luce desdibujada, mientras la autoridad estatal esquiva transparentar la legalidad de un operativo que vulnera el libre tránsito de mercancías nacionales.
