Especialistas, juristas y representantes de comisiones protectoras de derechos humanos concluyeron los trabajos del foro nacional sobre los desafíos del envejecimiento en Nuevo Nayarit, con un llamado enfático a armonizar las políticas públicas estatales para salvaguardar la autonomía de la senectud.
Durante las mesas de análisis, los ponentes examinaron los estándares de los sistemas universal e interamericano de protección, evaluando resoluciones jurisprudenciales recientes y los retos que impone la digitalización frente al acceso efectivo a los servicios asistenciales y la justicia expedita.
Subrayó la secretaria general de Gobierno, Rocío Esther González García, en representación del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, que envejecer con plenitud exige asegurar que la población conserve la facultad de tomar decisiones individuales sobre su patrimonio y entorno, convocando a las dependencias públicas a erradicar cualquier práctica discriminatoria o excluyente.
La prevención del abuso físico, financiero y el desamparo familiar centró los compromisos institucionales, demandando esquemas de cuidados continuos y capacitación digital comprensible para evitar que los avances cibernéticos se conviertan en obstáculos insalvables para el ejercicio de las facultades legales de las personas de la tercera edad.
Dicho foro sirvió de marco para reconocer la elección del jurista Carlos Alberto Prieto Godoy al frente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos durante el próximo bienio, refrendando la disposición de las instituciones estatales para mantener una colaboración estrecha con los entes autónomos.
Mediante paneles de deliberación entre los titulares de las comisiones del país, se acordó trasladar estas reflexiones técnicas a la ventanilla ciudadana cotidiana, impulsando procesos administrativos sencillos y canales de orientación presencial que otorguen certeza y respeto a los usuarios.
Aseguraron los participantes que la salvaguarda de estos sectores requiere una vigilancia continua en los espacios comunitarios, garantizando que quienes alcanzaron la madurez cuenten con entornos seguros donde su voz y voluntad sean escuchadas con equidad.
