Avanzan en el Congreso local diversas modificaciones orientadas a salvaguardar los derechos fundamentales de infancias, juventudes, mujeres y sectores en situación de desventaja mediante la actualización del marco normativo estatal. La Comisión de Gestoría Social y Grupos Vulnerables avaló la reforma al artículo 18 de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en la entidad, con el objetivo de asegurar una respuesta oportuna desde el aparato gubernamental.
Mediante este ajuste, los programas institucionales deberán concentrarse en blindar las garantías individuales y abrir alternativas de desarrollo para la población en situación prioritaria. El planteamiento legislativo enfatiza la urgencia de erradicar barreras cotidianas que impiden a las familias acceder a condiciones de bienestar elementales en sus entornos comunitarios.
El concepto de inclusión asume ahora un carácter obligatorio para los entes públicos, los cuales tendrán el deber de implementar medidas específicas destinadas a compensar desigualdades históricas. De este modo, las dependencias quedarán vinculadas a construir condiciones propicias para que ninguna persona enfrente rezagos derivados de su condición social, física o económica al ejercer sus prerrogativas.
A la par de estos acuerdos, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación respaldó el decreto relativo a la entrega de la Medalla Nayarit a la Investigación Científica y Tecnológica 2026, distinción enfocada en incentivar las aportaciones académicas y los proyectos científicos que detonen soluciones para la entidad.
Avanzó también el proceso interno para la designación de quien encabezará la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales de la fiscalía general del estado. Los legisladores pertenecientes a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales validaron el acuerdo que contiene la lista de los tres profesionistas registrados para dicho encargo: Amín Emmanuel Pérez Contreras, Juan Mártir Alegría y Raymundo Beltrán Velázquez.
Los dictámenes avalados al interior de cada órgano dictaminador serán enviados a la asamblea en pleno para su análisis, discusión y eventual votación por parte de las 30 diputaciones locales en la siguiente Sesión Pública Ordinaria.
