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¿Quién vigila al que preside el INE?

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Reflexión a partir de la columna «Tres falacias de los expresidentes del INE», de Viri Ríos, publicada en El País

En 2020 un juez vinculó a proceso a Bogart Cristóbal Montiel Reyna, director ejecutivo de Administración del Instituto Nacional Electoral (INE), por la forma indebida en que se otorgaron unos contratos. El presidente del instituto era Lorenzo Córdova. La analista Viri Ríos retoma ese expediente en su columna más reciente en El País, que escribió unas horas después de la conferencia de prensa que dieron el miércoles 18 de noviembre Córdova, José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés, los cuatro expresidentes del árbitro electoral.

Hablaron del escándalo de Guadalupe Taddei, la exconsejera presidenta que aparece en unos videos que, según la columnista, apuntan a un presunto peculado. Ríos aclara desde el arranque que esos videos le parecen «repugnantes». Su pleito es con la explicación que los cuatro dieron sobre el origen del problema y sobre la salida. A su juicio esa explicación carga tres falacias, y la que abre su columna tiene que ver con el nombramiento.

Los expresidentes plantearon que el instituto solo se rescata si la próxima presidencia sale de un acuerdo entre todos los partidos. Ríos lo ve deseable. Pero sostiene que eso no ayuda a frenar ni a castigar la corrupción. Para ella un funcionario se corrompe o se contiene según cuánta vigilancia y cuánto castigo tenga encima una vez en el cargo, y pesa poco quién votó por él.

Para eso le sirve el caso Montiel. Si en tiempos de Córdova la corrupción no llegó a la presidencia del INE, escribe, fue porque el Órgano Interno de Control (OIC) parece haber funcionado mejor: hubo irregularidades y hubo sanción. Recuerda también que el mismo Córdova fue auditado por un OIC muy dispuesto a encontrarle fallas.

¿Y si el contralor de la etapa de Taddei falló porque lo puso Morena? Ríos dice que tampoco es cierto. Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del OIC en ese periodo, llegó sin que ninguna fuerza política se le opusiera. «Un consenso que no sirvió para detener la corrupción», apunta.

Era ese órgano el que debía investigar las licitaciones hechas a modo y llevar las denuncias a la fiscalía. Por qué no lo hizo, o por qué al parecer investigó y se quedó callado, es para la columnista el asunto que hay que discutir antes que cualquier otro. Junto al OIC pone a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Los expresidentes también dijeron que la confianza en el instituto se construyó porque su Consejo siempre se eligió con el aval de todos los partidos. Ríos les reprocha olvidar parte de la historia y saca la cuenta. Desde 1997 se han nombrado 50 consejeros electorales en ocho rondas, y en la mayoría no hubo consenso.

En 2003 el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y Convergencia rechazaron a los nueve designados. En 2008 se opuso Alternativa. En 2017, Morena. En 2023, cuando llegó Taddei, fue Movimiento Ciudadano (MC), el único partido que votó contra el procedimiento. Y en 2026 rechazaron a los nombrados el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y MC.

Los consejeros, sostiene la autora, han llegado más por reparto que por acuerdo, «por cuota partidista», y hubo veces en que las negociaciones se cerraron en restaurantes y reuniones privadas de las dirigencias, lejos de la tribuna del Congreso.

Con todo eso el INE mantuvo su legitimidad. Ríos acude al Latinobarómetro: es la tercera institución electoral con más confianza en América Latina, detrás de las de Chile y Uruguay. Sus peores años fueron 2017 y 2018, cuando PAN, PRI y PRD se repartieron las nominaciones sin el apoyo de Morena. Ni en esos años la desconfianza le ganó a la confianza.

De ahí concluye que la credibilidad del instituto viene de cómo organiza las elecciones. Y esa tarea, dice, la sacan adelante sobre todo los miles de funcionarios que lo integran, más que los consejeros.

La otra idea que Ríos rebate es que existe un candidato neutral y técnico para presidir el INE. Responde que «la neutralidad ideológica no existe» y voltea hacia los ponentes. Woldenberg y Ugalde llegaron impulsados por el PRI. Córdova, por el PRD y luego por el PAN. Valdés, por el PRD. Cita además un reporte de Milenio según el cual una tercera parte de los consejeros electorales terminó militando en un partido o en cargos partidistas.

Con ese panorama, ningún bando va a ceder. Las oposiciones quieren un presidente a su medida y Morena también; la diferencia, según la columnista, es que Morena ganó en las urnas la fuerza para imponerse. Por eso propone esperar y hacer la designación después de la elección de 2027, cuando, como muestran todas las encuestas que menciona, Morena haya perdido la mayoría calificada y tenga que negociar. Si antes los consejeros salían del voto de varios partidos, agrega, fue porque el Congreso era más plural, y los partidos anteriores a Morena no eran más incluyentes.

Lo que más le inquieta de la conferencia es lo que deja ver de sus protagonistas: que también ellos, igual que los partidos, usan el escándalo de Taddei para empujar sus propios objetivos. Lo honesto, propone, sería aceptar que lo de Taddei es inaceptable y debe sancionarse, y revisar qué hizo que el OIC y la ASF dejaran de hacer su trabajo. Nadie, escribe, se ha atrevido a responder esa pregunta, porque «es más redituable hacer política».

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Redacción de Meridiano.mx
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