Por Óscar Gil | Diego Mendoza
La legalización del aborto en Nayarit enfrenta un estancamiento preocupante, a casi 90 días de una orden judicial que exige su inclusión en la legislación estatal. A pesar de los compromisos asumidos por la pasada legislatura, las expectativas sobre una acción legislativa efectiva permanecen sin avances concretos.
El 6 de septiembre de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la penalización del aborto en el Código Penal Federal, argumentando que esta medida viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Esta resolución abrió la puerta para que los estados legislen sobre la interrupción del embarazo, permitiendo su realización hasta las 12 semanas de gestación sin penalizaciones.
En Nayarit, el pasado 2 de agosto de este año, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito resolvió el Amparo en Revisión 1447/2023, presentado por organizaciones como GIRE, Redefine Nayarit y Aquelarre Púrpura. La sentencia subraya que la criminalización del aborto consentido o autoprocurado no sólo constituye un acto de violencia y discriminación de género, sino que también limita el acceso a servicios de salud adecuados.
El tribunal ordenó al Congreso de Nayarit derogar los artículos del Código Penal considerados inconstitucionales antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones, que concluye el 30 de diciembre de este año. Sin embargo, el avance en este sentido sigue siendo incierto, han pasado ya cerca de 90 días.
Nataly Tizcareño Lara, diputada del estado y presidenta de la Comisión de Salud y Seguridad Social de la Trigésima Cuarta Legislatura, manifestó su preocupación por la falta de progreso en la materia. Según Tizcareño, el presidente del Congreso, Salvador Castañeda, jugará un papel crucial en la definición de la ruta legislativa para abordar el aborto. “Estamos listas para fortalecer la acción legislativa que se tenga que emprender”, afirmó, destacando la importancia de cumplir con los plazos establecidos por las autoridades judiciales.
La diputada también subrayó la necesidad de enfocar la discusión en circunstancias específicas, como violaciones o malformaciones genéticas que amenacen la vida de la madre. Si bien Tizcareño se mostró a favor de la interrupción del embarazo en tales casos, también expresó reservas sobre una legislación que permita el aborto de forma general, argumentando que esto podría comprometer el derecho a la vida.
“Es fundamental impulsar los derechos de las mujeres, pero debemos encontrar un balance que respete la vida y la salud de todas las partes involucradas”, concluyó. Tizcareño reafirmó su compromiso de apoyar iniciativas que mejoren la legislación sobre el aborto, priorizando siempre el bienestar de la mujer.
Hasta el momento 15 estados del país han despenalizaron el aborto como decisión voluntaria de la mujer o persona gestante, por vía legislativa. Michoacán fue el último estado en incorporarse a esta lista, donde el proyecto de ley propuesto por Morena se aprobó con 27 votos a favor, seis en contra y tres abstenciones. En contraste, Nayarit, junto a Yucatán y Zacatecas, ha avanzado hacia la despenalización sólo por la vía judicial, mientras que Campeche sigue siendo el único estado que mantiene la prohibición con algunas excepciones.
