El domingo anterior arrancó en el país la Elección del Poder Judicial 2025. El proceso electivo lo regula el INE y registra, a diferencia de una elección tradicional, aspectos de forma y fondo que lo hacen único. El costo total de la histórica justa electoral es de más de 6 mil millones de pesos que equivalen a la inversión total en servicios de salud de Nayarit desde que se instauró el IMSS-Bienestar.
Las y los candidatos son mujeres y hombres que se sometieron obligadamente a un primer filtro en el propio Instituto Nacional Electoral; han presentado y tenido que validar una serie de requisitos que los hicieron elegibles. En disputa estarán 881 cargos judiciales federales y 49 en cuanto al Poder Judicial de Nayarit.
Esta es la primera ocasión que se elegirán en México a los miembros del Poder Judicial Federal, pero será una elección concurrente pues también en los estados del país se someterán a elección directa a los magistrados (incluyendo a los que ostentan el cargo) y juzgadores. Todo se definirá el primer domingo de junio.
En el mundo, Estados Unidos, Suiza, Japón eligen a sus juzgadores locales, mientras que
Bolivia tienen elecciones de jueces locales y federales, un proceso que tiene mucha similitud con el que actualmente se realiza en México
Los partidos políticos están ausentes en lo absoluto de este proceso electoral. Las propuestas de candidatas y candidatos surgieron de parte de las y los aspirantes y de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). No hay nada que los involucre.
El financiamiento de las campañas corre a cargo de los propios contendientes. El tope de gastos personales de campaña es de 220 mil 326 pesos que saldrán del patrimonio del contendiente. Está prohibido el financiamiento público y privado.
La infaltable mercadotecnia
Apenas arrancó la campaña y comenzaron a circular en redes sociales todo tipo de mensajes de las y los candidatos. El uso de la mercadotecnia no está ausente y los aspirantes a impartir justicia se han esmerado por mostrarse ante los electores como personas honestas, sensibles e incorruptibles.
Hay piezas en video que se han vuelto virales en el país, como la de Dora Martínez Valero, aspirante de Saltillo a ministra de la SCJN. Se presenta como Dora la Transformadora: “Hoy derribo este muro para que la justicia llegue a donde siempre debió estar, cerquita de ti. Soy Dora Alicia Martínez Valero, candidata a ministra de la Suprema Corte y vengo a transformar la justicia. Soy Dora la Transformadora”, declara en su video.
El reto es el mismo de una elección tradicional: llegar al elector y ganar su voto. El punto es cómo hacer que los votantes, en una elección inédita, elijan a alguien que no ofrece nada a cambio, salvo la promesa de impartir justicia de forma honesta.
¿Qué no pueden hacer los servidores públicos?
Esta elección a diferencia de un proceso tradicional no obliga a los gobiernos a paralizar la difusión de sus actividades, a decir del INE los anuncios de obras y acciones de gobernantes no influyen el electorado.
Sin embargo, las restricciones para los servidores públicos son muy precisas: No pueden pagar publicidad en medios o redes sociales para promocionar a ninguna persona candidata, usar programas sociales para presionar a que voten en favor de un candidato o candidata. Tampoco pueden participar en actos de campaña, no importa si lo hacen fuera de su horario laboral, organizar foros con programas sociales o moderar eventos.
Tampoco deben los servidores públicos, realizar proselitismo, es decir, promover o criticar públicamente una candidatura. Hacer campaña en horarios laborales y usar recursos públicos para propaganda de campaña son también conductas sancionables.
