Por más que uno intente encontrarle lógica o justificación diplomática, la reciente difusión en la televisión mexicana de anuncios pagados por el gobierno de Estados Unidos que criminalizan la migración resulta simplemente inaceptable. No se trata de un simple mensaje de advertencia o una campaña informativa sobre leyes migratorias. No. Es propaganda con un tono abiertamente discriminatorio, que estigmatiza a personas en situación de movilidad y que, además, se difunde con total impunidad en medios mexicanos.
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha reaccionado con firmeza, como era de esperarse, denunciando públicamente el contenido de los anuncios y anunciando una iniciativa para restaurar un artículo constitucional eliminado en 2014. Ese artículo prohibía expresamente la compra de espacios publicitarios con fines de propaganda por parte de gobiernos extranjeros. La respuesta es más que pertinente: es urgente y necesaria.
La campaña del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés), encabezada por la secretaria Kristin Noem, fue lanzada no solo en México, sino también en otros países, como parte de una estrategia internacional para disuadir la migración indocumentada hacia Estados Unidos. En los anuncios, Noem lanza una serie de mensajes que cruzan el umbral de la advertencia legal para instalarse en el terreno de la criminalización y el miedo: “Si vienes a nuestro país y rompes nuestras leyes, te vamos a perseguir”, dice. Y más adelante añade: “Pederastas. Violadores. Asesinos. Estos son solo algunos de los extranjeros ilegales escoria que han sido multados, encarcelados y deportados gracias al presidente Trump”.
Este tipo de declaraciones, cuando se emiten desde una posición de poder institucional y con el financiamiento público de un gobierno, no pueden ni deben normalizarse. Especialmente cuando se difunden en otro país, violando los principios básicos de respeto a la soberanía nacional y a los derechos humanos.
Que estos anuncios aparezcan en la televisión mexicana, en partidos de la Liga MX, en canales de internet y redes sociales, debería preocuparnos a todos. No es solo una cuestión diplomática, ni un asunto legal que se resuelve con una reforma constitucional. Es una alerta sobre el nivel de normalización de la xenofobia en el discurso político global, y sobre cómo algunos medios de comunicación en México han cedido espacios a narrativas extranjeras que fomentan el odio y la exclusión.
La presidenta Sheinbaum ha sido clara: “Este anuncio tiene un contenido discriminatorio muy alto”. Y tiene razón. En respuesta, su gobierno ha pedido a los medios que dejen de transmitir el spot, y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Conapred) ya ha recibido numerosas quejas de televidentes. La Secretaría de Gobernación también se ha pronunciado, advirtiendo que el contenido del anuncio atenta contra la dignidad humana y podría fomentar actos de violencia y rechazo contra migrantes.
La pregunta obligada es: ¿cómo llegamos al punto en que un gobierno extranjero puede pagar espacio en nuestra televisión para difundir un mensaje que cataloga como “escoria” a personas migrantes? ¿Cómo es que no hay mecanismos actuales que impidan este tipo de propaganda disfrazada de mensaje de seguridad?
Más allá del fondo del mensaje, que ya de por sí es grave, hay una dimensión de fondo aún más preocupante: la falta de control sobre los contenidos pagados por actores extranjeros en nuestro territorio. La derogación de ese artículo constitucional en 2014 abrió la puerta a este tipo de injerencias, y es ahora evidente que fue un error. En nombre de la apertura comercial y la globalización, se debilitó una herramienta legal que protegía a México de ser usado como plataforma para campañas ajenas a nuestro interés nacional. Restaurar esa protección no solo es legítimo, sino impostergable.
Hay quienes podrían argumentar que se trata solo de una política de seguridad de Estados Unidos, y que México no debería intervenir en los asuntos internos del país vecino. Pero esa visión olvida un punto esencial: estos anuncios no se están transmitiendo solamente dentro del territorio estadounidense. Se están difundiendo aquí, en nuestras pantallas, en nuestros espacios públicos, ante nuestras audiencias, y por lo tanto, tienen consecuencias reales en nuestro tejido social.
Además, el contenido del spot no es neutro. Equiparar la migración con el crimen organizado, usar lenguaje abiertamente deshumanizante como “escoria”, y presentar a los migrantes como una amenaza existencial, no es una política migratoria: es propaganda ideológica. Y si bien cada país tiene derecho a establecer sus políticas fronterizas, no tiene derecho a exportar mensajes de odio bajo la fachada de una campaña informativa.
Desde su regreso a la presidencia, Donald Trump ha prometido aplicar deportaciones masivas y reactivar leyes como la de Enemigos Extranjeros para justificar su cruzada antiinmigrante. Este tipo de campañas forman parte de esa narrativa y son, en el fondo, un acto de campaña disfrazado de política pública. Exportar esa narrativa a otros países, como México, solo confirma la instrumentalización del miedo como herramienta política.
México no puede ser cómplice silencioso de esta estrategia. No puede tolerar que se utilicen sus medios para difundir mensajes que atentan contra su propia población migrante —y contra los millones de migrantes de otros países que transitan por su territorio o viven en su sociedad. La dignidad humana no es negociable, ni puede subordinarse a intereses políticos ajenos.
En un contexto global donde la migración es un fenómeno estructural impulsado por la desigualdad, la violencia, el cambio climático y la falta de oportunidades, criminalizar al migrante es no solo injusto, sino contraproducente. En lugar de cerrar fronteras con discursos de odio, los países deberían trabajar juntos en políticas de desarrollo compartido, de protección de derechos y de integración social.
La iniciativa de Claudia Sheinbaum para restaurar el artículo constitucional que prohíbe la propaganda extranjera es un paso en la dirección correcta. Pero también debe ir acompañada de una reflexión más amplia sobre el papel de los medios, la responsabilidad empresarial, y el deber del Estado mexicano de proteger a todas las personas, sin importar su origen o estatus migratorio.
