En el vasto escenario de las contradicciones políticas y sociales que caracterizan a las metrópolis norteamericanas, pocas resultan tan evidentes —y preocupantes— como la que se vive actualmente en Los Ángeles. Ciudad que se precia de ser bastión progresista, refugio de diversidad y defensor acérrimo de los derechos de los inmigrantes, pero que al mismo tiempo permite que sus cuerpos policiacos actúen con violencia y represión contra aquellos mismos migrantes cuando alzan la voz en manifestaciones públicas. Un contraste que resulta, como mínimo, dolorosamente elocuente.
Los Ángeles es formalmente una ciudad santuario, término que ha ganado fuerza en los últimos años como contrapeso a las políticas migratorias restrictivas del gobierno federal, especialmente durante las administraciones republicanas. Este estatus implica, en teoría, que las autoridades locales no colaboran con agencias federales como ICE en la detención y deportación de personas por su estatus migratorio. El mensaje que se quiere proyectar es uno de inclusión, respeto y protección hacia comunidades que históricamente han sido marginadas.
Sin embargo, lo que se vive en las calles cuenta una historia distinta. En fechas recientes, diversas protestas de migrantes y activistas a favor de sus derechos han sido dispersadas por la fuerza por agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD). En más de un caso, las detenciones han sido arbitrarias, con uso excesivo de la fuerza, e incluso con reportes de maltrato hacia personas en situación migratoria irregular. Es inevitable preguntarse: ¿cómo puede convivir esta realidad con la narrativa del santuario?
La alcaldesa Karen Bass, quien asumió el cargo con un discurso progresista y una clara simpatía por las comunidades latinas y afroamericanas, ha reiterado en múltiples ocasiones su compromiso con los inmigrantes. No obstante, lo que hemos visto es una disonancia entre el discurso político y la acción institucional. Porque si bien es cierto que la alcaldía impulsa políticas de protección, también es evidente que no ha logrado alinear a la fuerza policial con esos principios fundamentales.
Este fenómeno no es nuevo, ni exclusivo de Los Ángeles. Forma parte de una lógica estructural en muchas ciudades de Estados Unidos donde la policía —a menudo con una cultura corporativa propia, conservadora y resistente al cambio— opera con relativa autonomía respecto al poder civil. La tensión entre el liderazgo político y los cuerpos de seguridad no solo es palpable, sino que en momentos críticos, como las protestas sociales, se vuelve abiertamente conflictiva.
A ello hay que añadir que las fuerzas del orden suelen actuar bajo criterios de “seguridad pública” que, en la práctica, se traducen en tácticas de control y disuasión más que en mecanismos de diálogo o mediación. En el caso de manifestaciones protagonizadas por migrantes, el sesgo puede ser incluso más grave, pues la criminalización del migrante sigue latente, aunque disfrazada de tecnicismos jurídicos.
Las organizaciones civiles, como la ACLU y diversos grupos comunitarios latinos, han sido claras en sus denuncias: la política santuario no está siendo respetada de manera íntegra. Hay reportes de colaboración indirecta con ICE, de perfiles raciales durante detenciones y de una falta sistemática de transparencia en el accionar del LAPD. El problema, por tanto, no es solamente de ejecución operativa, sino de credibilidad institucional.
Y es que no basta con ondear la bandera de la inclusión para lavarse las manos. El concepto de “santuario” debe ir más allá del símbolo político; debe traducirse en garantías reales para los derechos humanos de los migrantes, incluso —y especialmente— cuando estos deciden ejercer su legítimo derecho a la protesta. Porque proteger a los migrantes no es solo evitar su deportación, sino también respetar su voz, su expresión, su lucha.
Lo que ocurre en Los Ángeles debe encender una señal de alerta para otras ciudades que también se ostentan como santuarios. Si no se aborda con seriedad la desconexión entre políticas públicas y prácticas institucionales, lo que se corre es el riesgo de que el concepto mismo de santuario se vacíe de contenido, se convierta en una etiqueta vacía, en una simple herramienta electoral sin sustancia.
La alcaldesa Bass, si realmente quiere honrar su compromiso con la justicia social, debe ir más allá de las declaraciones bien intencionadas. Urge una revisión profunda de los protocolos del LAPD, una depuración de prácticas discriminatorias y, sobre todo, una supervisión independiente que garantice que la policía de la ciudad actúe conforme a los principios que la propia ciudad proclama. La autonomía policial no puede ser excusa para la impunidad.
Los migrantes en Los Ángeles —en su mayoría latinos, muchos de ellos mexicanos, centroamericanos y sudamericanos— han contribuido por generaciones a la construcción de la ciudad: desde su economía hasta su cultura. No se les puede seguir relegando al papel de fuerza laboral silenciosa, útil solo mientras no moleste. Cuando protestan, cuando reclaman, cuando exigen… merecen ser escuchados, no reprimidos.
Esta situación, además, se da en un contexto nacional convulso, donde el debate migratorio vuelve a polarizar a Estados Unidos. Con la reelección de Donald Trump como presidente, el discurso antiinmigrante se ha reactivado con fuerza desde la Casa Blanca. Ante ello, las ciudades santuario están llamadas a plantar cara con firmeza, no solo con palabras. De lo contrario, se corre el riesgo de legitimar con la pasividad lo que se condena con la retórica.
El momento exige coherencia. Si Los Ángeles quiere ser realmente un santuario, debe demostrarlo no solo ante el migrante en riesgo de deportación, sino ante el migrante que se organiza, que se manifiesta, que cuestiona. Porque el verdadero compromiso con los derechos humanos se mide en los momentos incómodos, no solo en los actos oficiales.
Los Ángeles tiene una oportunidad histórica de demostrar que el santuario es más que una política: es un principio de justicia. Pero para ello, debe asegurarse de que su fuerza policial deje de actuar como si los migrantes fueran enemigos. La dignidad no se protege a medias; se defiende con convicción y congruencia.
