Una auténtica borrachera legislativa se vivió hace unos días en el Congreso de la Unión. Una serie de reformas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, dieron pie a reformar el modelo de seguridad del país, reforzando las facultades de las autoridades para acceder a información privada de los mexicanos.
Esta serie de modificaciones a la ley fueron bautizadas por la oposición como Ley Espía, obligará a la ciudadanía a generar una CURP biométrica la cual contará con información desde lo que puedes leer en la credencial del INE, hasta incluso información de carácter patrimonial y de geolocalización en tiempo real.
La justificación para implementar esta medida, dicen los oficialistas, no tiene nada que ver con un sistema autoritario, sino con el hecho de reforzar la lucha contra el crimen organizado, brindando una luz para un camino de oscuridad. Es decir, se espera que esta recopilación de información permita inhibir el crimen y atrapar con mayor facilidad a los implicados en sus redes.
No obstante, la oposición y no sólo ellos, sino activistas y defensores de derechos humanos, advierten los riesgos que esto implica, sobre todo ante el uso irresponsable que pueden realizar autoridades corruptas de los sistemas, además de la vulnerable ciberseguridad que han demostrado las instituciones públicas, incluyendo la Secretaría de Defensa Nacional.
El debate continúa, pero hay una pregunta que de manera personal me surge al respecto: ¿Por qué sólo sacrificar a la ciudadanía para un bien común?.
Durante la discusión de estas leyes, el senador nayarita Pavel Jarero reprochó a su similar Ricardo Anaya, el hecho de que estas medidas existen desde hace muchos años en Estados Unidos (país que por cierto presionará para tener acceso a la nueva base de datos mexicana), finalizando su argumento con la conocida frase de: “El que nada debe, nada teme”.
Bajo esta lógica, resulta fascinante que la Secretaría de Defensa Nacional haya utilizado en distintas ocasiones la justificación de seguridad nacional para clasificar como reservada información de espionaje durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y de las megaobras que construyeron como el AIFA o el Tren Maya, con Andrés Manuel López Obrador.
E incluso resulta inquietante el hecho de que desde el gobierno de López Obrador se intentará eliminar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que se mantenía como un ente autónomo, el cual terminó cediendo a la última estocada que propinó la sucesora Claudia Sheinbaum para su eliminación.
¿Si el que nada debe nada teme, por que eliminar o reservar aquellas luces que iluminan a los ciudadanos en los oscuros caminos de la presunta corrupción institucional? ¿Será que la opacidad institucional no es importante en los esquemas de desarrollo del crimen organizado?.
Pero esto no sólo se da en el máximo nivel, desde los municipios se aprecian actos de corrupción que forman parte del problema. Recordando el entusiasmo del senador Jarero por emular a las administraciones del norte, por qué entonces no pensar en una reforma nacional que obligue a las corporaciones municipales y estatales, así como a los elementos castrenses, a utilizar mecanismos que abonen a la transparencia, como el uso de videocámaras en sus distintos operativos.
En un caso de reconocerse en nuestro estado, Bahía de Banderas anunció que todos sus agentes policiacos y de tránsito utilizarán cámaras de video al accionar como una medida para evitar la corrupción. Aunque la iniciativa es noble y hasta cierto punto popular, si carece de un estricto marco legal que castigue a quienes hagan mal uso u omisión de esta medida, solamente servirá como una herramienta de propaganda que en nada beneficia a la ciudadanía.
El efecto Hawthorne, señala que el ser humano suele modificar su comportamiento cuando se sabe que está siendo vigilado o grabado. Para algunos expertos, este sesgo puede ayudar a evitar que las personas cedan a sus instintos más primitivos, cómo manejarse a través de la violencia o bien ceder ante la recompensa inmediata.
En otras palabras, el uso de cámaras no sólo en policías municipales, sino en corporaciones estatales y federales, podría moderar el uso excesivo de la fuerza bruta, así como influir en situaciones de posible corrupción.
Este sacrificio de la privacidad de las corporaciones de seguridad, también los blindaría, ante las múltiples agresiones que suelen sufrir de la ciudadanía, y que en casos como en la ciudad de Tepic, obliga a las corporaciones policiacas a accionar con múltiples patrullas y agentes, ante un temor latente a la hora de ejercer detenciones.
Que el sacrificio de implementar un ojo que todo lo ve, no sólo sea ciudadano, sino de toda la sociedad, incluyendo quienes se asumen como parte del poder. Quizá así el gran hermano, no se sienta tan inconmensurable, ni tan omnipotente.
EN DEFINITIVO… Todos los gobiernos espían, eso no es nuevo. La información es actualmente el poder más grande que puede tener una persona o institución. Durante el gobierno de Peña Nieto, con Pegasus, se reportaron 15 mil casos de espionaje, entre ellos periodistas y activistas de derechos humanos. En el sexenio de López Obrador no fue la excepción y al menos 456 personas, entre las que se incluyen reconocidos activistas y periodistas, fueron espiados por el gobierno.
Esto se dio a conocer gracias a un litigio internacional y la filtración de documentos de la SEDENA. Pero también, a un insistente INAI que ante las denuncias solicitó información a todas las instancias de seguridad de la nación, para accionar a favor de los ciudadanos pese a sus limitaciones. Ahora que este instituto autónomo fue desmantelado, ¿Quién podrá protegernos?
