Una vez más, Donald Trump recurre a su estrategia favorita: culpar a México de los males que aquejan a Estados Unidos, particularmente del narcotráfico y el ingreso de fentanilo, como si nuestro país fuera la única fuente del problema. Ahora, ya investido nuevamente como presidente desde enero de 2025, ha anunciado la imposición de un arancel del 30% a las exportaciones mexicanas, argumentando que “México no ha hecho lo suficiente” para detener a los cárteles. Se trata de una medida tan arbitraria como peligrosa, que pretende desviar la atención de fallas internas con ataques hacia el exterior.
Esta no es una actitud nueva en Trump. Desde su primer periodo presidencial mostró un desprecio abierto por la cooperación real y recurrió al uso de amenazas para presionar a México. Hoy, en su segundo mandato, retoma esa línea autoritaria con renovado impulso, quizá más radical, al sentirse legitimado por un triunfo electoral reciente. Pero México tampoco es el mismo. Ni su sociedad ni su gobierno están dispuestos a tolerar imposiciones unilaterales.
La relación entre ambos países no es de subordinación, sino de interdependencia. Cadenas productivas, empleos, consumo, inversión y logística se entrelazan a lo largo de más de tres mil kilómetros de frontera. Un arancel del 30% no solo dañaría a México; también desestabilizaría a sectores clave de la economía estadounidense. Las industrias automotriz, agroalimentaria, electrónica y manufacturera sentirían el impacto inmediato de un encarecimiento innecesario, justo cuando la inflación sigue siendo una preocupación global.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha actuado con madurez y prudencia. Lejos de responder con estridencia, ha optado por enviar una delegación de alto nivel a Washington, con representantes de las secretarías de Relaciones Exteriores, Hacienda y Economía, para presentar un planteamiento integral. La postura es clara: diálogo, sí; sumisión, no. México está dispuesto a cooperar, pero desde el respeto mutuo, no bajo condiciones humillantes.
Es importante recordar que la relación entre México y Estados Unidos no es vertical, sino interdependiente. Las cadenas de valor compartidas entre ambos países han sido fundamentales para el desarrollo económico de la región. Un arancel del 30% no solo afectaría gravemente a México, también impactaría a la economía estadounidense: aumentaría los precios para sus consumidores, interrumpiría cadenas logísticas clave y pondría en riesgo miles de empleos en su propio territorio.
Además, el argumento de que México no hace lo suficiente para frenar el narcotráfico es, sencillamente, falso. México ha desplegado más de 10,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte, ha destruido laboratorios de fentanilo, ha extraditado capos y ha fortalecido la cooperación con agencias estadounidenses. La pregunta real es qué está haciendo Estados Unidos para frenar el consumo masivo de opioides, el tráfico de armas hacia el sur y el lavado de dinero en sus propios bancos. El narcotráfico no es un problema exclusivamente mexicano, es un fenómeno binacional que exige responsabilidad compartida.
Trump no busca resolver el problema. Busca capitalizarlo políticamente. Su estilo es generar confrontación para fortalecer su imagen entre sectores conservadores y radicalizados que exigen mano dura sin entender la complejidad del problema. Pero México no debe permitir que esa narrativa se imponga. Nuestra nación no es el origen del mal, ni merece ser tratada como amenaza.
Este momento debe servirnos para fortalecer nuestra posición internacional. México debe acelerar la diversificación de mercados, reducir su dependencia del comercio con Estados Unidos, impulsar acuerdos con Europa, Asia y América del Sur, y fomentar cadenas de valor internas. También es tiempo de consolidar una estrategia nacional de seguridad que se base en inteligencia, prevención, justicia y desarrollo social. Un país fuerte adentro es menos vulnerable afuera.
Además, debemos aprovechar esta coyuntura para impulsar políticas internas que eleven la competitividad, mejoren la seguridad y fortalezcan las instituciones. México no puede permitirse debilidades en casa mientras enfrenta presiones externas. El combate al crimen, la transparencia, la justicia y el crecimiento incluyente son parte de la misma defensa nacional.
A la par, la respuesta frente a Trump no debe recaer solo en el gobierno. Es momento de unidad nacional. Los sectores empresariales, académicos, sociales y políticos deben cerrar filas en torno a una defensa firme de nuestra soberanía. No se trata de respaldar a un partido o a un presidente en turno, sino de proteger los intereses fundamentales del país.
México no es patio trasero de nadie. Es una nación libre, soberana y con un papel estratégico en la economía y seguridad regional. Trump puede amenazar con aranceles, pero México tiene argumentos, dignidad y capacidad de respuesta. No estamos condenados a obedecer, sino llamados a dialogar con firmeza.
Como bien lo ha señalado la presidenta Sheinbaum, la soberanía no está sujeta a negociación. Y hoy, más que nunca, debemos ejercerla con inteligencia, responsabilidad y visión de Estado. Porque defender a México no es una consigna política: es un imperativo nacional.
Si Trump cree que puede someter a México con amenazas, se equivoca. Ya no somos aquel país que bajaba la cabeza por temor a represalias. Hoy tenemos voz propia, proyectos propios y una ciudadanía cada vez más consciente de su dignidad. Que no lo olvide.
