La detención de Luis Eduardo Torres Lara, rapero y activista social de 32 años, ha suscitado preocupación entre colectivos culturales, organizaciones de derechos humanos y su comunidad en Nayarit. Se denuncian supuestas irregularidades en el proceso legal y una posible fabricación de delitos en su contra.
Torres Lara, reconocido en el ámbito local por su música con contenido social y su labor en favor de diversas causas, fue detenido el pasado 23 de julio en el municipio de Bahía de Banderas. A pesar de que en dos audiencias judiciales no se han presentado pruebas contundentes que lo vinculen con los hechos imputados, el rapero continúa privado de su libertad.
Familiares y allegados han señalado que las autoridades han incurrido en presuntas violaciones al debido proceso. Entre las denuncias, se destaca la negativa a entregar los videos relacionados con el supuesto robo por el que se le acusa, el bloqueo a la presentación de testigos clave y la obstaculización de su derecho a una defensa justa. El debido proceso es un principio legal que garantiza que toda persona acusada de un delito tenga derecho a un juicio justo, imparcial y transparente, con acceso a pruebas y defensa.
El caso fue expuesto públicamente durante una conferencia en Palacio Nacional, en el marco de una presentación de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sobre la búsqueda de la paz y las causas subyacentes de la violencia en el país. Al respecto, la funcionaria manifestó el compromiso del gobierno federal para intervenir en situaciones donde se perciban posibles injusticias.
La secretaria de Gobernación afirmó que se atenderán estos casos, tal como se hace con otros donde las familias consideran que los procedimientos son incorrectos, indicando que la Secretaría de Gobernación cuenta con un área especializada fortalecida para tal fin. Asimismo, señaló que la reciente reforma y renovación del Poder Judicial ofrece una oportunidad para abordar casos relacionados con amnistías, detenciones injustas por motivos de pobreza o engaños, y otras anomalías en los procesos judiciales.
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció que, si bien se trata de un asunto de competencia estatal, su administración se comprometió a revisar el caso.
