La semana pasada trajo consigo “mucha tela de donde cortar”: el Primer Informe de la Presidenta Sheimbaum; la toma de posesión de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la visita de Marco Rubio, Secretario de Estado del “vecino país del norte” y la captura de altos mandos de la Marina Armada de México por su responsabilidad en el denominado “huachicol fiscal”…
Estos “trozos de tela” han sido cortados y confeccionados de diversas y múltiples maneras en los medios de comunicación oficiales y tradicionales y en las redes sociales y, al menos por ahora, he decidido no “beber de esas aguas”, o, quizás, hacerlo de una manera distinta: dirigiendo la mirada al sureste mexicano, al Estado de Chiapas, esa entidad federativa que se anexó al México independiente ―no sin oposición del gobierno guatemalteco― mediante un plebiscito en 1824 y que, una vez zanjadas las diferencias con el “vecino país del sur”, mediante el Tratado Herrera-Mariscal sería reconocido como parte de la Nación Mexicana.
Ahora bien, el título de estas “palabras” ―sin los puntos suspensivos― surgió del recuerdo de una campaña ―probablemente de los años setenta― en el que la expresión “Chiapas es México” o “Todo Chiapas es México” tuvo amplia difusión y lo confirmé al encontrar en el diario “Cuarto Poder de Chiapas” una nota referida a una campaña que ―al menos en julio de 2023 en que apareció la nota― mantenía el Congreso Nacional Indígena precisamente bajo el lema “Chiapas es México” cuyo objetivo radica en hacer visibles las violencias marcadas en municipios como Chicomuselo, Pantelhó, Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas, Frontera Comalapa y Tuxtla Gutiérrez…
La fuente para estas “palabras”, a su vez ―las cuales sin duda tocarán a temas sensibles como el sureste, la violencia, la pobreza, los pueblos indígenas…― es el Informe “Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal: entre el caos, la delincuencia organizada y los caminos de la lucha y resistencia” publicado por el Centro de Derecho Humanos Fray Bartolomé de Las Casas [un organismo civil autónoma creado en 1989 por iniciativa de Don Samuel Ruiz y cuya misión consiste en “caminar al lado y al servicio del pueblo excluido y organizado, que transforma la situación socio económica y política en que vive, tomando de él dirección y fuerza, para contribuir en su proyecto de construcción de una sociedad donde las personas y comunidades ejerzan y disfruten todos sus derechos a plenitud”].
Este informe, publicado en marzo de este año, consta de 164 páginas, se enlaza con un informe semejante del año 2023 “Chiapas un desastre: entre la violencia criminal y la complicidad del Estado” y tiene como objetivo “dejar una huella de este periodo tan atroz, dónde precisamos con datos documentales, provenientes de fuentes directas de las circunstancias de esta grave situación”.
Un simple asomo al capitulado del Informe es capaz de ofrecer un esbozo panorámico de lo que pasa en Chiapas más allá [o más acá] del discurso que celebra la disminución en el número de pobres y la disminución de la violencia y que exalta la cultura de los pueblos originarios y afirma estar haciéndoles justicia, entre otras cosas, con la llegada de uno de ellos a la cumbre de la magistratura judicial.
Siete de los ocho capítulos que conforman el Informe abordan los siguientes temas: desplazamiento forzado; personas desaparecidas; agresiones a personas defensoras; “laberintos” de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional; la violencia política; la violencia criminal; la guerra contra los pueblos. El octavo, por su parte, abre espacio a la esperanza al afirmar “en los ríos subterráneos, los senderos de la libertad siempre se encuentran”.
Exhortando ―como suelo hacerlo― “a ir a las fuentes do mana” lo escrito aquí, me referiré a algunos de los puntos contenidos en el Informe que se cuentan entre los que me impactaron más fuertemente…
En materia de desplazamiento forzado, se habla de un número aproximado de 15,780 personas desplazadas en territorio chiapaneco entre enero de 2023 y junio de 2024, más de la mitad de los cuales se ubican en la región Frontera y Sierra del estado, 35% de las cuales es atribuible en un 70% a la delincuencia organizada y ¡a la violencia contrainsurgente! en porcentajes similares de 35%…
En cuanto a personas desaparecidas se afirma que este fenómenos aumentó en un 358% entre 2019 y 2023 y ―desde una perspectiva de género―, que el índice estatal [60%] supera ampliamente el índice nacional del 25%, además de afectar en su mayoría a niñas y adolescentes.
En el caso de las agresiones a personas defensoras, si bien se habla de Chiapas como la segunda entidad federativa de acuerdo con el número de ejecuciones extrajudiciales entre 2018 y 2023, lo que más llamó mi atención fue la diversas de personas defensoras agredidas: defensoras de la tierra y del territorio; opositores a los intereses de la delincuencia organizada; defensoras de los derechos de la población LGBTIQ+; periodistas; sacerdotes constructores de paz; defensoras del derecho a migrar y agresiones cuyo objetivo es polarizar a la población imponiendo una narrativa a través de difamaciones…
En el capítulo titulado “Los laberintos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional” lo que considero más destacable es la postura fuertemente crítica hacia la que denomina “política militarista del Estado mexicano” a la que describe con estas palabras: “la política militarista del Estado mexicano representa una visión de control territorial que, aunque se venda hacia la población con objetivos de seguridad y estabilidad, los resultados han sido negativos y de débil impacto, por el contrario, los costos sociales y de violaciones a derechos humanos son muy altos, por lo que es una estrategia fallida”.
En ese mismo capítulo se refiere al dictamen de agosto de 2023 ―que ahora ya forma parte de la “Ley de la Guardia Nacional en el Congreso” aprobada a finales de junio de 2025”― por medio de la cual se otorga el mando operativo y administrativo de la GN a la antigua Sedena [hoy DEFENSA]…
El informe sigue adelante y habla de las elecciones del año pasado como las más violentas de su historia y del contubernio con organizaciones criminales, de los efectos en la población de la violencia criminal en el contexto del enfrentamiento por el control territorial entre cárteles y de la grave guerra contra los pueblos en la que incluye ―en tiempos de la 4T― “la continuidad del desprecio hacia los pueblos originarios” y el contenido contrainsurgente de programas como “Sembrando Vida”…
En medio de toda esa oscuridad, el informe concluye con un enfoque de esperanza: “un sinfín de luces en el cielo y en la tierra que no podríamos nombrarlas todas”…
