La paciencia de los habitantes de Tepic ha llegado a su límite. Lo que comenzó como una protesta laboral del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM) se ha convertido, tras semanas de bloqueo ininterrumpido en el corazón de la ciudad, en un foco de profundo malestar ciudadano. La intransigencia de la dirigencia sindical, que mantiene un plantón en la avenida México frente al Palacio de Gobierno, ha paralizado la movilidad y asfixiado al comercio local y ahora amenaza con alterar una de las tradiciones más arraigadas: la celebración del Grito de Independencia.
Mientras la libertad de manifestación no se cuestiona, los métodos empleados por el SUTSEM han desatado una ola de indignación. “No les basta la plaza Benito Juárez, sitio privilegiado para la libre expresión ciudadana. Han tomado la calle con el consecuente costo en la movilidad de la capital del estado, con sus impactos en servicios públicos y comercio en el centro de la ciudad”, reza un análisis de la situación que refleja el sentir general.
La advertencia lanzada este martes por los líderes sindicales fue contundente: no se moverán. Esta postura ha provocado que las autoridades vuelvan a plantear un cambio de sede para la ceremonia del Grito y el tradicional desfile del 16 de septiembre, una medida que, si bien busca garantizar la seguridad y la celebración, es vista por muchos como una claudicación ante la presión del sindicato. La autoridad argumenta que trata de evitar confrontaciones.
La respuesta de los ciudadanos no se hizo esperar, y las redes sociales se han convertido en el principal canal de desahogo. Mensajes de frustración, enojo y desesperación se cuentan por miles, dirigidos tanto a los manifestantes como a las autoridades, a quienes exigen una solución inmediata. Comerciantes del centro histórico han reportado pérdidas de hasta un 80 por ciento, una estocada casi mortal para la economía de la zona, que apenas se recuperaba de crisis anteriores.
La raíz del conflicto radica en la exigencia del SUTSEM de una “toma de nota”, el reconocimiento oficial de su dirigencia, un asunto que, según analistas y el propio texto base, “debe resolverse en las instancias institucionales respectivas, como el Instituto de Justicia Laboral Burocrático con criterios técnicos, no políticos”. Los manifestantes, sin embargo, han optado por ejercer la máxima presión posible, tomando como rehén a la ciudadanía.
La situación ha escalado a un debate sobre los límites del derecho a la manifestación frente a los derechos de terceros. El pulso entre el SUTSEM y el Gobierno del Estado mantiene en vilo a una capital que, por ahora, se siente agraviada y paralizada, anhelando el regreso a una normalidad que parece, en estos momentos, una meta inalcanzable.
