ESTRATEGIA FINANCIERA
De acuerdo con Abel Ortiz Prado -Aborpra@hotmail.com, académico, consultor en Finanzas, Administración Pública y Asociaciones Público-Privadas, el análisis de las finanzas públicas en México exige observar no solo el nivel de gasto programable, sino también la relación entre las transferencias federales a los gobiernos subnacionales y la carga financiera derivada del endeudamiento público. En tal sentido, el Paquete Económico 2026 ofrece un marco oportuno para examinar la evolución de dos componentes estratégicos: las participaciones federales y el costo financiero de la deuda pública. Durante el periodo 2018-2026, las participaciones federales se han mantenido relativamente estables como proporción del producto interno bruto (PIB), oscilando entre 3.5% y 3.8%. Este comportamiento refleja la continuidad del sistema de coordinación fiscal, en el cual la federación distribuye a estados y municipios recursos derivados de la recaudación federal participable, misma que depende sustancialmente del crecimiento del PIB, variable en la que las entidades federativas no tienen margen para intervenir, centralizándose dicha estrategia en el orden de gobierno federal. En contraste, el costo financiero de la deuda pública muestra una tendencia ascendente más pronunciada. Mientras en 2018 representaba apenas 2.9% del PIB, para el 2026 se estima en 4.06%. Este incremento obedece a factores como el crecimiento del saldo de la deuda pública nacional, -aspecto en el que tampoco deciden las entidades federativas: evidenciando el centralismo que aún persiste de las decisiones públicas-, el encarecimiento de las tasas de interés internacionales y las presiones derivadas del financiamiento de Pemex y CFE.
SISTEMA FISCAL AGOTADO
Lo anterior, nos indica que el sistema fiscal vigente ya no responde a nuestra necesidad social, mostrando síntomas de agotamiento. Se requiere entonces una reforma con visión de largo plazo, que vincule de manera más responsable las potestades de ingreso fiscal y las responsabilidades de gasto de las entidades federativas y sus municipios. Se evidencia una asimetría estructural: mientras los gobiernos locales mantienen una dependencia relativamente constante de las participaciones federales, la Federación destina cada vez más recursos al pago de intereses, comisiones y gastos relacionados con la deuda pública. Esta situación plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas y el espacio fiscal disponible para inversión productiva con alta rentabilidad social, retorno económico e impacto social positivo para atraer inversión, generar empleo de calidad y mejorar la calidad de vida de “todos los mexicanos”. En suma, la comparación entre ambos indicadores invita a reflexionar sobre la necesidad de revisar la arquitectura fiscal mexicana: por un lado, garantizando un sistema de transferencias que brinde suficiencia financiera a los gobiernos subnacionales; por otro, conteniendo el crecimiento del costo financiero para evitar que comprometa la capacidad del Estado de impulsar el crecimiento y generar un círculo económico virtuoso.
LOS FAMOSOS CRITERIOS
En este escenario de crecimiento inercial de las participaciones, de poco o nada es útil esperar la presentación de los criterios generales de política económica para la preparación de las iniciativas de ley de ingresos y presupuestos locales a que se refiere la Ley de Disciplina Financiera. Tan es así que en Entidades como Jalisco por ejemplo, los regidores del municipio de Puerto Vallarta aprobaron su iniciativa de ley de ingresos desde el 28 de Agosto pasado -11 días antes de la presentación del paquete económico a la cámara de diputados por parte del ejecutivo federal-. Ley de disciplina que por cierto se quedó corta al no incluir a la federación dentro de la regulación del capítulo “De la contratación de deuda pública y obligaciones” y “Del Sistema de Alertas” para poner piso fiscal parejo a los tres niveles de gobierno en aras de controlar el endeudamiento excesivo.
DISTRIBUCIÓN DEL DINERO
Las participaciones que reciben los estados se distribuyen a sus municipios considerando dos variables: 1. El incremento en la recaudación del impuesto predial y los derechos de agua y, 2. El crecimiento de su población. De esta forma, reciben anualmente más incremento, los municipios que hacen mejor su tarea de cobrar lo que por disposición constitucional les corresponde, y quinquenalmente, los que registran más incremento en su población, aspectos que se formalizan con la aprobación del decreto anual por parte de la Legislatura local a más tardar en diciembre de cada año. En este escenario, las cifras oficiales de recaudación validadas por la SHCP se conocen desde el mes de Julio del siguiente año al ejercicio fiscal de que se trate, mismas que en este caso, nos indican que Nayarit con una recaudación de $ 463,019.42 mdp, de predial al cierre del 2024, alcanzó el 18º lugar nacional con una recaudación per cápita de $ 374.00, calificando desfavorablemente por debajo de la media nacional de $ 588.00. Mientras que, en el derecho de agua potable, el ingreso fué de $ 576,426.28 mdp alcanzando el 20º lugar nacional con una recaudación per cápita de $ 466.00, calificando igualmente por debajo de la media nacional de $ 796.00, indicadores que nos dejan claro que no se explota esta fuente de ingreso en todo su potencial. En este escenario, los municipios del Nayar con incremento del 95%, Santiago 66%, Tuxpan 29%, Compostela 19% y Badeba 16% en relación con lo recaudado en el 2023, serán los ganadores con mayor incremento en participaciones para el 2026 por su esfuerzo recaudatorio, mientras que en la variable poblacional, el gran perdedor será Badeba ya que a pesar de su crecimiento del 4.30% -tasa de las más elevadas a nivel nacional-, ya que el resultado de la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI se dará a conocer posterior a la aprobación del decreto citado con anterioridad. Esta deficiencia normativa representa un área de oportunidad para la Legislatura Local para homologar la Ley de Coordinación Fiscal Estatal con la Federal para reconocer las variables citadas a partir del mes siguiente en que oficialmente se conozcan, premiando el esfuerzo fiscal de los municipios.
¿No es hora de repensar la arquitectura fiscal para que los municipios tengan más responsabilidad recaudatoria y menos dependencia de la federación?
VEREMOS Y DIREMOS.
