La investigación de N+ Focus de Televisa revelando que el senador Adán Augusto López Hernández percibió 79 millones de pesos que no aparecen en su declaración patrimonial pero sí en su reporte fiscal ante el SAT, sacudió de inmediato el tablero político nacional. El señalamiento no es menor: uno de los hombres más cercanos al proyecto de la llamada Cuarta Transformación enfrenta dudas sobre la congruencia de su patrimonio con el discurso de austeridad que abandera Morena.
En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó con una mezcla de respaldo y distancia. Aseguró que no hay legisladores de Morena inconformes con López Hernández, calificó el caso como “politiquería”, pero al mismo tiempo marcó línea: “que aclare el senador”. Es decir, no lo descalificó, pero tampoco lo blindó.
Horas más tarde, el propio Adán Augusto ofreció una conferencia de prensa. Admitió los ingresos, negó cualquier ilegalidad y argumentó que se trata de recursos provenientes de herencias familiares y servicios notariales realizados en Tabasco. Con gesto firme, insistió: “yo nunca he escondido mis ingresos”, y agregó que conoce de dónde vienen los ataques, sugiriendo que obedecen a disputas internas y a intereses que buscan minar a Morena.
El episodio se suma al escándalo de “La Barredora”, el caso revelado semanas atrás que expuso una presunta red de complicidades entre políticos tabasqueños y un grupo del crimen organizado con influencia en el estado. Aunque López Hernández negó cualquier relación, el señalamiento dejó abierta la percepción de que su nombre se repite en torno a asuntos que rozan la legalidad y la ética política.
Lo que se juega en este nuevo capítulo trasciende al senador. La credibilidad del proyecto oficialista queda bajo escrutinio, pues la revelación expone el contraste entre el discurso de honestidad y las prácticas patrimoniales de sus cuadros más visibles.
La narrativa de López Hernández busca instalar la idea de persecución política, pero el contexto no le favorece: los contratos de las empresas que lo beneficiaron en Tabasco, la sombra de compañías señaladas como “fantasma”, la distancia calculada de la presidenta Sheinbaum y ahora el eco de “La Barredora” configuran un escenario donde el costo político puede ser mayor que la defensa.
