El Congreso del estado de Nayarit inició el 1 de octubre las comparecencias de funcionarios del Poder Ejecutivo, como parte del análisis del Cuarto Informe de Gobierno del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. Durante estas sesiones, integrantes del gabinete estatal presentaron los avances relacionados con el Eje de Gobernanza, Seguridad y Cultura de la Legalidad, enmarcado en el Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2021-2027.
La secretaria general de gobierno, Rocío Esther González García, fue una de las funcionarias que comparecieron ante la XXXIV Legislatura. La secretaria destacó el impulso a reformas trascendentales en temas como la igualdad sustantiva, la protección de derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como avances normativos en materia indígena, agraria, transparencia y justicia.
El Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2021-2027, documento rector de la administración actual, guía las políticas públicas y las acciones de gobierno. En este contexto, los informes anuales, como el Cuarto Informe, son ejercicios de rendición de cuentas que permiten a la ciudadanía y al poder legislativo evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas.
Entre los logros mencionados por la funcionaria, se incluye la creación del Consejo Estatal de Paz y Justicia Cívica, el primero de su tipo en el país. Este consejo tiene como objetivo principal promover la resolución pacífica de conflictos y fomentar una cultura de legalidad a nivel comunitario. También se resaltó el fortalecimiento de la infraestructura forense, los avances en el registro biométrico y la modernización digital del gobierno.
En el ámbito de la justicia social, se informó sobre la preliberación de 99 personas privadas de su libertad, quienes recibieron acompañamiento jurídico y un apoyo económico de 25 mil pesos estatales. Este programa busca facilitar su reinserción laboral o académica en la sociedad. La secretaria general subrayó que los resultados presentados buscan reflejar una administración comprometida con la gobernabilidad, la legalidad y la justicia social, destacando que cada avance impacta directamente en la vida de los ciudadanos, con una atención brindada a más de 199 mil personas en el último año, incluyendo pueblos originarios, ejidatarios, víctimas y migrantes.
